27 de Marzo del 2025
En la comparecencia en el Senado para la selección de una magistraura electoral en Hidalgo, los aspirantes abordaron la elección judicial, el uso de tecnologías e Inteligencia Artificial (IA) en campañas, así como la aplicación de la perspectiva de género en la materia.
Uriel Lugo Huerta consideró viable la utilización de IA en los procesos jurídicos porque reducirán los tiempos en el trabajo. Recordó que como consejero del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) formó parte de la Comisión de Atención a los Pueblos Indígenas y una de las funciones fue verificar que se cumplieran los vínculos (por medio de faenas) de quien se postuló a una candidatura con las comunidades que pretendía representar.
Señaló que la perspectiva de género consiste en aplicar un enfoque que reconoce y corrige las diferencias estructurales entre mujeres y hombres, entre otras entidades de género. Su plan de trabajo como magistrado contemplaría foros ciudadanos, incorporación de tecnologías, sentencias en lenguaje accesible, fortalecer la Defensoría Pública y campañas para mujeres.
Martha Alicia Hernández mencionó que como presidenta de la Comisión de Género en el IEEH, en 2015 le correspondió la implementación de la primera acción afirmativa para que los partidos postularan el mismo número de hombres y mujeres en los 84 municipios, sin que se les delegara a las demarcaciones menos votadas para la fuerza política.
Sostuvo que los criterios que sirven de base para las reformas legislativas se sientan en los tribunales locales. Consideró que será un reto construir los lineamientos que regulen el uso de redes sociales en las campañas de jueces de Hidalgo en 2027.
En su opinión, la justicia abierta es un campo de oportunidad para recobrar la confianza de la ciudadanía con procedimientos de rendición de cuentas.
Lilibet García Martínez, actual magistrada por Ministerio de Ley, recordó que el año pasado le correspondió resolver el asunto de Cuautepec de Hinojosa, donde se robaron urnas y sólo se tuvo acceso a 36 de los 74 paquetes electorales.
“Se tuvo que hacer una reconstrucción de la votación, pero no hubo certeza, se acreditó que existieron violaciones y se anuló, fue impugnada y posteriormente confirmada por la Sala Regional Ciudad de México”.
Carlos Edgardo Serrano Contreras mencionó que el Senado tiene una oportunidad para regular el tema de redes sociales, ya que resulta complejo, en su experiencia como ministerio Público de la Fiscalía en Delitos Electorales, acreditar quién está detrás de una cuenta de Tik Tok, Whatsapp o Facebook que agrede a una política.
Se pronunció a favor de la reforma al Poder Judicial que evita la contratación de tiempos en medios de difusión y privilegia el uso de redes para los candidatos; sin embargo, acotó que la ciudadanía es la que busca la información en esas plataformas, por lo que se requiere capacitación para vincular a los órganos electorales con la población y vencer el abstencionismo.
Francisco José Miguel García Velasco propuso la aplicación de sentencias de lectura sencilla, a partir de un precendente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la resolución del amparo 153/2013, cuyo formato fue especialmente dirigido a una persona con discapacidad intelectual.
Listó conductas contrarias a la función electoral como resolver con parcialidad en favor de algún partido, recibir dádivas, no atender los asuntos con debida pulcritud y no hacerlo en los tiempos establecidos por la ley.
Luis Fernando Alvarado Alemán mencionó que juzgar con perspectiva de género consiste en atender la discriminación histórica de las mujeres y requiere de servidores sensibles. Recordó un caso que conoció en su experiencia en Veracruz, donde una candidata renunció porque a su cónyuge no le gustaba que llegara tarde.
Cuestiondo sobre su experiencia, mencionó que trabajó en la Secretaría General de Morena como auxiliar y en 2015 fue contratado como defensor jurídico del PRD, pero fue “afiliado indebidamente”. Desde entonces no milita en ningún partido.
Verónica Hernández Pérez también calificó como un reto la elección de personas juzgadoras en Hidalgo, aunque existe tiempo para construir cada etapa. En su experiencia destacó que formó parte de un consejo distrital, en el que se estableció un acuerdo para garantizar la paridad de las consejerías.
Miriam Saray Pacheco Martínez fue cuestionada sobre cómo anfrentaría presiones para tomar alguna resolución. Respondió que se conduciría como en su actual labor, como consejera del IEEH, donde ha votado de forma diferenciada de la mayoría del Consejo General.
También se le cuestionó sobre cómo mejorar la coordinación entre el tribunal y el órgano administrativo electoral. Señaló que todos los acuerdos pasan por el tamiz de los partidos políticos. Uno de los asuntos que causço controversia, dijo, fue el acuerdo para que en municipios se postularan exclusivamente mujeres.
Diana Jeanethe Rodríguez López señaló que uno de los desafíos mayores son los diálogos que se pueden gestar al interior de la entidad federativa, con diferentes grupos que permitan informar los derechos polìtico electorales.
Se pronunció por evitar la discriminación y desigualdad en los grupos vulnerables para empatar el principio propersona y la perspectiva de género
Brenda Paloma Cornejo Cornejo no respondió a las preguntas sobre cuál era el estándar probatorio constitucional que debe reunir un caso de nulidad por violencia política ni sobre de qué congresista o grupo parlamentario es asesora en el Senado de la República.
En los cuestionamientos participaron las senadoras hidalguenses Alma Carolina Viggiano Austria y Sandra Simey Olvera Bautista, así como Lucía Trasviña Waldenrath, de Baja California.
