23 de Junio del 2025
PACHUCA. – Dos hombres y una mujer, que se ostentaban como integrantes de un cártel, fueron sentenciados a dos de prisión por pedir 10 mil pesos semanales a un comercio como parte de un cobro de piso y protección.
Todo comenzó en el mes de febrero de 2024, cuando aproximadamente a las 21:30 horas, dos hombres y una mujer visitaron un comercio ubicado en uno de los municipios que pertenecen al distrito judicial de Zimapán.
Llegaron a bordo de dos motocicletas e ingresaron al negocio, en donde se encontraba Guadalupe una menor de edad a la que se le modificó el nombre. A ella le preguntaron por su papá, pero no se encontraba en ese momento.
Enseguida, los individuos le pasaron a la adolescente un celular que ya tenía una llamada en curso, al otro lado del teléfono un desconocido le pidió a Guadalupe pasarle un recado a su padre: que tenía que pagar 30 mil pesos como pago inicial y luego 10 mil pesos cada semana.
La voz al otro lado de la bocina agregó: “somos de un cartel” y después, colgó; mientras tanto, los hombres que viajaban a bordo de las motos salieron del lugar en cuanto terminó la llamada.
Días después regresaron al comercio las mismas tres personas, eran las 8 y media de la noche cuando bajaron de dos motos e ingresaron al local. Uno de ellos pidió una cerveza, advirtió que era la segunda vez que acudían y que esta ocasión, ya querían el cobro de piso.
“Hijo de la chingada ya sabes a qué venimos, queremos el pago de piso (…) y de protección, sino, vamos a venir por tu familia”.
El extorsionador sacó una pistola tipo escuadra con cañón metálico para amedrentar al dueño de la tienda y a un empleado, pero en ese momento llegó la policía y aseguró a los tres que exigían el cobro indebido.
Los involucrados fueron sentenciados por el delito de extorsión agravada, previsto y sancionado por el artículo 216 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, numeral que establece pena de dos a ocho años de prisión al que, “con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un hecho o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero”.
Incluso, se aumenta una mitad de la punibilidad cuando para el delito se utilice la vía telefónica, correo electrónico, redes sociales, aplicaciones móviles u otro medio de comunicación electrónica, radial o satelital.
En el caso en concreto, el Ministerio Público solicitó una pena de 2 años de cárcel, plazo que impuso un juez del Juzgado Penal Acusatorio y Oral del Cuarto Circuito Judicial con sede en Zimapán, además el juzgador fijó 50 mil pesos por concepto de reparación del daño que fue pagado el 19 de diciembre de 2024.
Los extorsionadores no compurgaron su pena en prisión porque lograron conmutar su pena por 182 jornadas de trabajo en favor de la comunidad.
