25 de Junio del 2025
Seis años después de la trágica explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido un informe en el que responsabiliza a Petróleos Mexicanos (Pemex) por su inacción. El organismo subraya que la recurrencia y notoriedad de las tomas clandestinas imponían a la empresa un claro deber de cuidado, una obligación que, según la CNDH, Pemex no cumplió.
El informe detalla cómo Pemex Logística, la división encargada del transporte y almacenamiento de hidrocarburos, estaba plenamente consciente de los riesgos en la zona, incluyendo la proliferación de tomas clandestinas y el aumento del robo de combustible.
Sin embargo, la CNDH argumenta que la empresa estatal no actuó con la diligencia debida en materia de derechos humanos, lo que contribuyó directamente a la escalada de peligrosidad y letalidad en el manejo de los hidrocarburos. La falta de acciones preventivas y de mitigación por parte de Pemex constituye, para la CNDH, una omisión grave en su responsabilidad de proteger los derechos humanos.
La explosión de 2019, ocurrida en una toma clandestina en un poliducto de Pemex, resultó en la muerte de 137 personas, dejó a 13 sobrevivientes con graves lesiones y a 194 menores en situación de orfandad. La CNDH sostiene que este panorama configura violaciones a derechos fundamentales como la salud, la integridad personal, un medio ambiente sano y el interés superior de la niñez, atribuyendo estas vulneraciones a la incapacidad del Estado Mexicano para garantizar la efectividad de los derechos humanos.
La Comisión expresa su profunda preocupación porque, a seis años de los hechos, las víctimas siguen sin acceder a mecanismos de atención adecuados y, paradójicamente, son objeto de estigmatización y discriminación por parte de las autoridades al buscar apoyo.
En el ámbito financiero, la CNDH destaca que el gasto de la emergencia ascendió a 85.57 millones de pesos. No obstante, la Comisión critica que Pemex no haya detallado acciones concretas para resarcir los daños a la población y al ecosistema, lo que podría implicar una responsabilidad adicional, considerando sus obligaciones legales y su compromiso social.
Ante esta situación, la CNDH ha instado a Pemex a colaborar con la ASEA, SEMARNAT, el Gobierno de Hidalgo y el Ayuntamiento de Tlahuelilpan en la elaboración de un programa conjunto de remediación para la zona afectada. Este programa deberá involucrar activamente a la comunidad y a las personas damnificadas.
Finalmente, la CNDH ha recomendado a Pemex y a las autoridades pertinentes el diseño de campañas de sensibilización sobre los riesgos de la extracción ilegal de combustible, la cooperación con la Fiscalía General de la República en la investigación de los responsables y la garantía de que los sobrevivientes reciban la atención médica y psicológica necesaria. El organismo lamenta que, a pesar del tiempo transcurrido, ninguna instancia gubernamental se ha acercado a la comunidad o a las familias para consultarlas o proponer acciones de recuperación del suelo o proyectos conmemorativos, lo que evidencia, según la CNDH, el incumplimiento del Estado Mexicano en prevenir y mitigar la degradación ambiental.
