25 de Junio del 2025
La sala cuatro de los juzgados de oralidad se convirtió en el escenario de la audiencia inicial, Siendo las 09:48 horas de este miércoles 25 de junio de 2025, Percy L.E.B., el líder sindical del Ayuntamiento de Pachuca, hizo su entrada. Esposado y vestido con un sobrio abrigo y pantalón negro, ingresó por la puerta lateral, usualmente reservada para la jueza.
Toma el asiento de los imputados, justo al lado de su defensor particular, Daniel Montaño. Se le imputa el delito de abuso sexual agravado.
AUDIENCIA A PUERTA CERRADA
La expectativa era palpable, pero pronto se desvanecería para la prensa y el público. La jueza de Control, Areli Sánchez Lazcano, tomó la decisión de decretar la audiencia como privada.
La razón: salvaguardar la integridad de la víctima, identificada solo por sus iniciales, A.N.O. Aunque la víctima no se presentó, su asesor jurídico Rodolfo Morgado estaba presente, y coincidió con la solicitud del ministerio público.
Mientras tanto, afuera de los juzgados, un centenar de voces se alzaban al unísono. Los simpatizantes de Percy, arengaban consignas que resonaban por los pasillos de los juzgados. “Percy, amigo, el sindicato está contigo”, “Justicia”, “No a la calumnia”, “Percy es inocente”, “No estás solo”, “Percy, hermano te damos la mano”, “Justicia clara no manipulada”, “Percy valiente, aquí está tu gente”, “Percy es inocente, las mujeres estamos presentes” y “Sindicato unido jamás será vencido” eran solo algunas de las frases que coreaban sin descanso.
Antes de que la puerta se cerrara definitivamente, la jueza realizó algunas preguntas protocolares al imputado.
Confirmó su nacionalidad mexicana y si pertenecía a algún grupo indígena, además de indagar sobre cualquier dificultad de comunicación. Fue en ese momento cuando se hizo evidente que Percy L.E.B. presentaba un problema de audición, lo que requirió la repetición de algunas preguntas y la solicitud de aumentar el volumen del audio en la sala.
La petición de declarar la audiencia privada provino directamente de la agente del Ministerio Público. Su argumento: se ventilarían datos personales de la víctima que, a pesar de la reserva de su identidad, podrían facilitar su identificación y, por ende, comprometer su privacidad.
