18 de Julio del 2025
La transición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo a Fiscalía General será aplazada tres años más, luego de que, por tercera ocasión, se solicitara una prórroga para concretar el proceso.
En un oficio enviado a la LXVI Legislatura del estado, David Magaña Muñoz, secretario técnico de la Comisión Interinstitucional de Transición, pidió formalmente una extensión del plazo para llevar a cabo dicha transformación institucional.
La reforma constitucional aprobada en 2022 otorgó un plazo inicial de dos años para concretar la transición, con vencimiento en julio de 2024. En ese momento se solicitó una primera prórroga de un año, extendiendo el límite hasta el 22 de julio de 2025. Ahora, se ha solicitado un nuevo plazo de tres años, que aplazaría la transición hasta el 22 de julio de 2028.
Por ahora, el documento fue turnado a la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis, discusión y dictamen.
La diputada Mónica Reyes Martínez explicó que aún hay diversos retos por enfrentar, principalmente en temas de estructura y administración, debido a la creación de un nuevo órgano constitucional autónomo. “Se trata de una institución con patrimonio y estructura propia. Sin lugar a dudas, haciendo un análisis a nivel nacional, este tipo de transiciones requiere un periodo de entre cinco y siete años para consolidarse adecuadamente”, señaló.
Postergación ya se preveía
El gobernador Julio Menchaca Salazar ya había anticipado la posibilidad de una nueva prórroga para completar la transición de Procuraduría a Fiscalía. Subrayó que el cambio no solo implica una modificación de nombre, sino una transformación funcional y en la capacidad de respuesta de la institución frente a la ciudadanía, la cual —dijo— ha sido positiva hasta el momento.
Asimismo, indicó que la inversión en laboratorios forenses y el fortalecimiento del trabajo de los ministerios públicos se ha venido realizando conforme a los presupuestos de egresos de 2023, 2024 y 2025, destinándose más de 600 millones de pesos al proceso de transición.
