18 de Septiembre del 2025
Erika Saab Lara, quien se desempeñó como presidenta municipal de San Felipe Orizatlán entre 2020 y 2024, promovió un juicio de amparo indirecto ante un juzgado federal, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador en su contra, iniciado por el Órgano Interno de Control.
La exfuncionaria recurrió a esta vía legal tras un acuerdo emitido el 20 de agosto de 2025 por Rafael de Jesús Munguía Jaramillo, autoridad substanciadora del procedimiento, quien le negó la solicitud para reprogramar una audiencia prevista para el 19 de agosto del mismo año. Saab Lara argumentó motivos de salud y presentó un justificante médico expedido por la Cruz Roja, pero su petición fue rechazada.
En su demanda, señala que la negativa a diferir la audiencia no estuvo debidamente fundada ni motivada, lo que vulneraría su derecho a una defensa adecuada.
El juez federal admitió la demanda de amparo, pero solicitó a la promovente que aclare y amplíe la información presentada, en un plazo máximo de cinco días y bajo protesta de decir verdad. En caso de incumplimiento, se le podría imponer una sanción administrativa.
Asimismo, el juzgado le pidió detallar desde el inicio el expediente identificado con el número IPRA/05/2024, explicar el motivo del procedimiento en su contra, lo que establece el acuerdo del 20 de agosto, y precisar si se ha dictado alguna sanción o resolución en su contra, así como la etapa procesal en la que se encuentra el caso.
Se le advirtió además que, en caso de falsificar información, podría enfrentar consecuencias penales y su demanda podría ser desechada.
A manera de contexto, cabe recalcar que Erika Saab Lara fue denunciada por el actual presidente municipal, Carlos César Pérez Escamilla, del Partido del Trabajo, por un presunto desvío de recursos públicos durante su gestión. La denuncia, presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, señala un posible desvío de 58 millones de pesos.
En 2021, Pérez Escamilla —entonces regidor— fue señalado junto con familiares por su presunta implicación en el homicidio del sobrino de Saab Lara pero fue absuelto por una jueza.
Pérez Escamilla también fue inhabilitado en su momento por no presentar su declaración patrimonial; sin embargo, pese a ello, asumió la presidencia municipal.
