29 de Septiembre del 2025
Los derechos humanos son una construcción diaria, viva y que se transforma en un momento y contexto histórico determinado, dependen de necesidades y aspiraciones de la población, inherentes a la persona y su dignidad humana, en este contexto como integrante de la Organización de Naciones Unidas (ONU); el pasado 24 de enero de 2024, México fue evaluado por cuarta ocasión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU mediante el Examen Periódico Universal que es un mecanismo entre pares -Estados examinando a otros Estados, donde se evalúa la situación de derechos humanos y el nivel de cumplimiento de las obligaciones y compromisos internacionales de cada país miembro de la organización, para emitir recomendaciones.
Desde el 2009, México es examinado cada cuatro años, en sesión celebrada en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se ubica en Ginebra, Suiza, donde comparece y sostiene un diálogo interactivo, expresando por cuarta ocasión, la firme voluntad de cumplir por convicción con sus obligaciones en materia de derechos humanos, estando abiertos a la cooperación y el diálogo.
La reforma constitucional de 2011, que incorpora diversos tópicos en el documento fundamental del país, es un paso sustantivo, que ha traído legislaciones, instituciones y acciones políticas que derivan en avances y acciones afirmativas, comenzando con la incorporación del bloque de constitucionalidad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano, que cabe resaltar, ha suscrito todos los tratados, acuerdos, convenciones que nos protegen en diversas aristas, reconociendo que, derechos humanos, estado de derecho y democracia, están íntimamente ligados para garantizar nuestras libertades y un entorno de paz y bienestar.
Este cuarto examen periódico universal practicado a México abarca el periodo 2018-2023, en lo sustantivo nos arroja un total de 318 recomendaciones realizadas por más de 100 países, entre lo más relevante que nos observan, enunciativamente es abordar cuestiones contra la discriminación, las violencias, la lucha contra la pobreza y las causas estructurales de desigualdad; que cabe resaltar son ejes que se contienen tanto en el Programa Nacional de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (15abril2025), como en el Plan Estatal de Desarrollo para el Estado de Hidalgo 2022-2028, son el faro de luz que guía el camino que anhelamos en la entidad.
En un aspecto que se reconoce positivo en el EPU indica que, se presentaron avances en derechos sociales debido al aumento de programas dirigidos a los sectores más vulnerables, así como el aumento al salario mínimo, se habla de una reducción de pobreza multidimensional que va del 41.9% al 36.3%
Dentro de las recomendaciones más significativas, que debemos tomar como áreas de oportunidad para transformar y mejorar nuestro nivel de percepción sobre derechos humanos, encontramos que: persiste la discriminación hacia grupos con mayor vulnerabilidad, indígenas, afromexicanos, personas de la diversidad sexo genérica, individuos con discapacidad, entre otros; subsiste la práctica de la tortura, falta de consulta y atención de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como el impacto en las violencias e incumplimiento a los derechos de la niñez, se advierte el alza en desapariciones y desapariciones forzadas, a pesar del marco normativo e instituciones, persiste la violencia contra las mujeres, se nos recomienda en varios contextos atender el riesgo que enfrentan las defensoras de derechos humanos y periodistas, así como la situación de las personas en contextos de movilidad humana.
México aceptó expresamente que enfrenta desafíos, el Comité refiere que son tópicos recurrentes en los tres exámenes anteriores donde la respuesta del Estado ha sido y es insuficiente, -a pesar de promulgar leyes, crear instituciones y adoptar políticas públicas-, se siente un ambiente de impunidad.
Es necesario insistir que este examen nos habla a nivel nacional, donde Hidalgo, una de 32 entidades federativas; ha tomado acciones y su reflejo se encuentra a nivel estatal.
De la lectura integral de las 318 recomendaciones, en un contexto generalizado, se puede advertir que ha recrudecido la crisis de seguridad pública, por el número de desapariciones, se reconoció que existe una crisis forense, por lo que se recomendó implementar un Banco Nacional de Datos Forenses así como, garantizar que se lleven a cabo búsquedas e investigaciones diligentes con las formalidades del procedimiento y bajo estándares de seguridad para las familias.
Un apartado de enorme controversia es la militarización, teniendo la recomendación específica (29.94) sobre el retiro de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad ciudadana y sobre el control migratorio; se reconoce la creación de la Guardia Nacional de naturaleza civil, -en hechos su identidad es castrense-, se recomendó a México desmilitarizar esta institución, establecer controles civiles y mecanismos de transparencia e investigar debidamente las denuncias de abusos como el uso excesivo de la fuerza (29.96).
Por lo que su labor representa para la vida democrática en un estado de derechos, es de llamar la atención que se investiguen los casos de espionaje en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, asegurar que puedan llevar a cabo su labor y actividades libremente, sin temor a represalias o agresiones (29-141, 29.142, 29.143); siendo esto un atentado contra la democracia, en correlación, se pide (29.108) adoptar medidas útiles para garantizar la independencia del Poder Judicial, luchar contra la corrupción y combatir la impunidad. Aquí en lo particular se habla de protección a jueces y magistrados; y cuidar que ejerzan libres de presión su labor jurisdiccional.
En necesario visibilizar para atender, ser objetivos en el diagnóstico y tomar medidas necesarias que permitan enfrentar las problemáticas de derechos humanos; en Hidalgo hemos avanzado con paso firme y seguro, a través de recomendaciones propias de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos vamos corrigiendo el andar y generando esa cultura de protección y garantía, reconociendo el valor de nuestra dignidad como seres humanos y como fundamento necesario para erradicar tratos discriminatorios, a partir del respeto como entes biopsicosociales libres y diferentes.
En Hidalgo, tenemos el reto de enfrentar la discriminación y propiciar un ambiente de respeto a los derechos humanos, abiertos al diálogo interinstitucional y a la cooperación para cumplir la obligación constitucional de generar una cultura de la legalidad y pleno respeto a derechos y libertades… contribuir desde nuestras facultades y competencias.
