26 de Noviembre del 2025
A pesar de que la jueza Janet Montiel había dictado previamente el auto de no vinculación a proceso al regidor de Actopan, Omar N., acusado de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daño en la propiedad, este miércoles se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, luego de que se ejecutara una nueva orden de aprehensión por los mismos delitos el mismo día, como parte de la investigación en curso.
En la audiencia anterior, la defensa presentó un video que —según argumentó— demostraba la no participación del regidor en los disturbios del 14 de octubre. Ese material fue determinante para que la jueza resolviera no vincularlo a proceso. En esta nueva audiencia, el Ministerio Público informó contar ahora con cinco testigos que refieren la participación directa del servidor público en el linchamiento ocurrido en la colonia Aviación, Actopan.
Según la narrativa ministerial, dos testigos —Víctor y Erick N.— señalaron que las víctimas se encontraban en el segundo piso del inmueble cuando observaron a Omar N. ingresar al lugar portando un arma de fuego. Otros dos testigos afirmaron haber visto la detonación del arma y, entre ellos, uno aseguró presenciar el momento en que el regidor disparó contra la víctima que posteriormente perdió la vida.
Respecto al delito de homicidio calificado, el MP agregó que un testigo más —Daniel N.— declaró que vio al imputado disparar hacia el hombro de la víctima. Tal versión coincide con el resultado de la necropsia, que establece que la bala perforó una arteria y provocó la muerte. Las otras dos personas agredidas fueron trasladadas a un hospital, donde recibieron atención oportuna que evitó un desenlace fatal.
En cuanto al homicidio calificado en grado de tentativa, el Ministerio Público expuso que el regidor habría utilizado su posición política y liderazgo para ordenar a más de 200 pobladores —que acudieron con palos y otros objetos— agredir a quienes fueron señalados como “ladrones”. Una vez retenidas, las víctimas habrían sido golpeadas hasta perder la conciencia.
Sobre el daño en propiedad, se informó que la cónyuge del propietario acreditó la existencia de un contrato de arrendamiento por mil 300 pesos mensuales. Según el MP, los agresores habrían iniciado un incendio en el primer piso para forzar la salida de las víctimas, lo que ocasionó la pérdida parcial del inmueble, valuado en más de 119 mil pesos.
Aunque el imputado se acogió al término constitucional de 144 horas y nuevamente no fue vinculado a proceso, pero el Ministerio Público solicitó que se impusiera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa debido a la naturaleza del delito de homicidio calificado. La jueza concedió la petición y Omar N. fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca.
¿Existe legalidad en el procedimiento?
Al término de la audiencia, el abogado defensor Daniel Montaño fue cuestionado sobre la legalidad de que su representado sea juzgado dos veces por los mismos hechos. Explicó que la Constitución prohíbe que una persona sea procesada dos veces por un mismo delito, pero precisó que esta prohibición se refiere a un juicio concluido.
“De algún modo es legal, cuando no hay vinculación o se decreta un sobreseimiento, la autoridad vuelva a llamar a una persona”, afirmó.
No obstante, consideró “contradictorio” que, si la imputación y las pruebas son las mismas, se emita una nueva orden de aprehensión tras haberse decretado la no vinculación. Aclaró que la situación no es ilegal, pero sí cuestionable, pues —dijo— en la resolución previa la jueza determinó que los elementos aportados no acreditaban la responsabilidad del regidor.
Finalmente, Montaño señaló que la defensa analizará si interpondrá algún recurso contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en la continuación de la audiencia.
