10 de Diciembre del 2025
En el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, se llevó a cabo un conversatorio especializado en Derechos Humanos y Educación, con la participación de expertas y expertos en derecho, justicia y protección de derechos fundamentales. El objetivo principal fue promover una visión educativa libre de violencia, tanto en las aulas como en los entornos familiares.
Durante su intervención, Yaneth Herrera Meneses destacó la importancia de analizar los nuevos retos sociales desde el derecho con enfoque de derechos humanos. Subrayó que la educación constituye “una mano amiga para apoyar a las infancias”, por lo que resulta indispensable reforzarla con perspectiva humanista.
Por su parte, el juez Saúl Ferman Gutiérrez enfatizó que la Constitución establece un enfoque de Derechos Humanos en el ámbito jurídico y educativo; sin embargo, señaló que es necesario fortalecer la atención hacia los núcleos familiares. Afirmó que la familia “es el amortiguador de la sociedad”, pues en ella se construyen las bases de la individualidad y la vida comunitaria. Advirtió que, cuando existen fracturas en este entorno, se reflejan en la autonomía y convivencia social.
Asimismo, puntualizó que aún persisten estructuras sociales patriarcales que suprimen derechos, especialmente en las mujeres, lo que obstaculiza el crecimiento personal y colectivo.
En su participación, Macaria Hernández Chávez llamó a reflexionar sobre el impacto de las nuevas tecnologías dentro de las aulas. Advirtió que la circulación de contenidos virales, descontextualizados o de carácter violento vulnera tanto a estudiantes como a docentes. Señaló que el uso no regulado de dispositivos móviles ha derivado en casos de bullying, grabaciones sin consentimiento e incluso la exposición pública de profesoras en situaciones de violencia, lo que contribuye a la cosificación y al daño reputacional.
En otro tema, el juez federal Antonio Ordóñez, especialista en materia laboral, expuso la necesidad de visibilizar la violencia institucional que se presenta en escuelas y que afecta el desarrollo libre de las juventudes, particularmente de sectores como la comunidad trans. Mencionó que aspectos como el uso de falda o pantalón, el maquillaje o el estilo de cabello no deben convertirse en motivos de discriminación. Además, advirtió que la docencia debe evitar normalizar conductas violentas y analizar las estructuras institucionales que pueden reproducir desigualdades.
En materia laboral, agregó que persisten prácticas discriminatorias como el despido o la negativa de contratación hacia mujeres embarazadas o por razones de apariencia, condiciones que no suelen exigirse a los hombres.
Finalmente, Adriana Ramírez Rodríguez explicó que los Derechos Humanos establecen normas fundamentales para garantizar la dignidad humana, las cuales están contempladas en la Ley para la Atención y Erradicación de la Violencia Escolar. Indicó que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) cuenta con un registro estatal que integra lineamientos para atender casos de abuso, acoso, maltrato, ciberacoso, sexting y situaciones de convivencia escolar.
Detalló que la legislación actual también considera la responsabilidad del espectador, ya que grabar y difundir actos de violencia constituye una forma de revictimización.
Asimismo, destacó que se busca prevenir denuncias infundadas contra docentes, como un caso reciente en que una acusación de abuso resultó ser finalmente una infección en vías urinarias tras la intervención de las autoridades competentes.
El conversatorio reiteró la necesidad de fortalecer la educación con perspectiva de derechos humanos, impulsar la corresponsabilidad familiar e institucional y promover entornos seguros y libres de violencia para niñas, niños, adolescentes y docentes.
