04 de Febrero del 2026
Tizayuca, Hidalgo.— A casi dos años de haber participado en una manifestación para exigir mejoras laborales, al menos diez elementos de la Policía Municipal de Tizayuca denuncian haber sido víctimas de represalias, acoso laboral, suspensiones arbitrarias y la presunta fabricación de carpetas de investigación en su contra.
Represalías
De acuerdo con el testimonio de uno de los policías afectados, los hechos se remontan al 15 de julio de 2023, cuando un grupo de elementos tomó la explanada municipal para impedir la realización del Grito de Independencia como medida de presión.
Según relata, autoridades municipales —encabezadas entonces por la alcaldesa Susana Ángeles Quezada— se comprometieron a que no habría represalias y a atender las demandas laborales; sin embargo, tras liberar la plaza, comenzaron las sanciones.
“Fuimos suspendidos, algunos ya fueron completamente removidos de su cargo. A mí me armaron una carpeta falsa”, señaló.
El elemento indicó que el Ministerio Público determinó que los hechos que se le imputaban eran falsos, y que nunca existieron las amenazas ni el abuso por los que fue acusado. No obstante, continúa suspendido desde hace casi dos años, sin percibir salario y bajo un proceso administrativo que aún no se resuelve.
Uno de los puntos más delicados del caso involucra a su hijo, quien —según resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos— sufrió violencia escolar que le provocó daño emocional y psicológico, situación que, afirma, fue utilizada por las autoridades para justificar su suspensión laboral.
“Se comprobó que mi hijo sí sufrió daño emocional y psicológico, y de ahí se agarraron para armarme una carpeta falsa”, denunció.
Baja habría sido ordenada por ex alcaldesa
El policía aseguró contar con audios en los que funcionarios municipales le habrían confirmado que su baja fue ordenada por instrucciones directas de Susana Ángeles Quezada.
Asimismo, afirmó que fue coaccionado para desistirse de un amparo, promovido para denunciar la arbitrariedad de su suspensión, ya que —según explicó— nunca se integró la Comisión de Honor y Justicia antes de retirarlo de su cargo.
En otro señalamiento, cuestionó el destino de cinco millones de pesos que presuntamente fueron destinados a la compra de armamento para la corporación municipal, armas que —asegura— nunca llegaron.
“Dicen que se invirtieron cinco millones de pesos en armas que nunca nos entregaron. Han pasado dos años y no aparecen”, reclamó.
Durante la manifestación, los policías solicitaron la intervención del gobernador del estado, para que se investiguen los presuntos actos de corrupción y las irregularidades dentro del ayuntamiento de Tizayuca, así como las presuntas responsabilidades de la exalcaldesa.
Finalmente, los elementos reiteraron que su exigencia es la restitución de sus derechos laborales y una investigación imparcial. “Una persona inocente no puede pagar por algo que no hizo”, expresaron.
