20 de Febrero del 2026
El organismo fiscalizador señaló que el gobierno de Hidalgo no realizó una gestión eficiente de los recursos de las participaciones federales
PACHUCA. – La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en su tercera entrega de resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2024 deficiencias como: un probable daño a la hacienda pública por 721.8 millones de pesos, derivado de inobservancias normativas en leyes contables, fiscales y de adquisiciones.
Así como falta de transparencia en el Fondo para la Seguridad Pública, además de sobrecostos en obra pública federal que se ejecuta en Hidalgo.
En el dictamen 1122, la Auditoría Superior encontró que el 31 de diciembre de 2024, el gobierno estatal pagó 15 mil 385 millones de pesos que representaron el 76.6% de los recursos asignados de las Participaciones Federales a Entidades Federativas.
Sin embargo, el organismo fiscalizador asentó que el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
Con lo anterior, se generó un probable daño a la hacienda pública por un importe de 721 millones 883 mil pesos, el cual representó el 5.1% de la muestra auditada.
En conclusión, puntualizó la ASF, el gobierno de Hidalgo no realizó una gestión eficiente de los recursos de las participaciones federales durante 2024.
En un dictamen distinto identificado con el número 1120, la ASF revisó la totalidad de los recursos transferidos al gobierno de Hidalgo mediante el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública por 26 millones 660 mil pesos.
Para el cierre del año 2024, la administración estatal comprometió y devengó el 98.8% de los recursos transferidos, los cuales se pagaron en su totalidad al 31 de marzo del siguiente año.
Con ello, la Auditoría indicó que el gobierno infringió la normativa en materia de destino de los recursos y transparencia, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de los Lineamientos de Operación y del Convenio Específico de Adhesión.
Lo anterior fue así porque se publicaron de manera extemporánea en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado (POEH) los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino del dinero.
La modernización de la carretera Pachuca-Huejutla, tramo Cerro Colorado-Zacualtipán, la ASF revisó 597.4 millones de pesos y de la revisión detectó pagos en exceso por 62.5 millones de pesos en dos contratos de obra pública.
Así como irregularidades por 27.7 millones de pesos en tres contratos donde salieron diferencias entre las cantidades de obra estimadas y pagadas, contra las realmente ejecutadas. Incluso, pagos de más por 10.1 millones de pesos por la construcción de una rampa de frenado.
Lo mismo ocurrió con la construcción de la Carretera Real del Monte-Entronque Huasca con un pago en exceso por 333.6 millones de pesos por diferencias entre las cantidades estimadas y pagadas contra los planos de los proyectos autorizados.
Ello incluye terracerías, estructuras, drenaje y subdrenaje, pavimentos, señalamiento y dispositivos de seguridad, obra inducida, estabilización de taludes, obras complementarias, obras marginales o complementarias, rampa de emergencia de frenado y precios extraordinarios.
