25 de Febrero del 2026
Los imputados lograron una suspensión condicional del proceso, lo que les permitió salir del Cereso de Pachuca
Plétora Lex
PACHUCA. – 23 de los 33 detenidos el pasado 12 de febrero en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul en Tula, obtuvieron su libertad tras lograr una suspensión condicional del proceso.
La audiencia de la causa penal 236/2026 se llevó a cabo este miércoles en los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución de Pachuca.
En total 24 acusados solicitaron la suspensión del procedimiento que se les inició por resistencia particulares, pandilla y portación de arma de fuego en agravio de la administración pública y la seguridad colectiva.
El juez de control Jesús Anim Ope Islas concedió la suspensión a 23 de los 24 acusados, pero no así a César N, quien enfrenta un delito diverso por portación de arma, competencia del fuero federal.
Los demás recibieron la suspensión condicional por un término de dos años bajo diversas condiciones, entre ellas: residir en un lugar determinado.
Así como dejar de frecuentar la planta cementera Cruz azul de Tula, Hidalgo, pero también las que se ubican en Oaxaca, Puebla, Aguascalientes y las oficinas corporativas de la compañía instaladas en la Ciudad de México.
El juez también les prohibió convivir comunicarse o acercarse a testigos, socios, trabajadores y servidores públicos que participaron en la carpeta de investigación.
Además, deberán hacer servicio social a favor de la alcaldía de Tula una vez por semana, así como presentarse ante la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) cada 15 días, incluso tienen prohibido salir del estado y del país.
Los imputados ofrecieron una disculpa pública y se comprometieron a no volver a realizar actos similares por lo cual el juez dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva justificada que enfrentaban en el centro de readaptación social de Pachuca.
El artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales define como suspensión condicional del proceso el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal.
