04 de Marzo del 2026
*De acuerdo con el juez Antonio Ordóñez, las limitaciones se convierten en violencia cuando afectan derechos fundamentales
Lo que para muchas escuelas es una regla cotidiana, para especialistas puede convertirse en una violación a los derechos humanos, especialmente cuando afecta la libertad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Seguramente en algún momento, como estudiante o como madre o padre de familia, ha sido llamado a la escuela porque su hijo o hija no llevaba el uniforme correcto, el corte de cabello “adecuado” o los accesorios permitidos por el reglamento. Sin embargo, estas prácticas podrían ir más allá de una simple norma escolar y convertirse en violencia institucional, además de vulnerar derechos humanos y la libertad individual.
Así lo explicó Antonio Ordóñez Serna, juez del Décimo Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en la Ciudad de México, quien señaló que este tipo de violencia ocurre cuando docentes o directivos, aun actuando conforme a un reglamento, imponen exigencias que afectan derechos fundamentales.
“El problema no es el docente en sí, sino el reglamento que se aplica”, aclaró. En el caso de las escuelas públicas, la responsabilidad recae en el Estado, ya que es quien aprueba dichas normas; mientras que, en las instituciones privadas, corresponde a la persona moral que las administra.
De acuerdo con el juez, son precisamente estos reglamentos — sobre uniformes, colores, peinados o vestimenta — los que han provocado conflictos legales. “Es el reglamento el que se cuestiona y el que ha llegado a los tribunales”, indicó, pues muchas familias consideran que estas normas afectan el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Ordóñez Serna explicó que incluso la Suprema Corte ha reconocido que este derecho tiene matices: no significa “hacer lo que uno quiera”, pero sí debe ajustarse a la edad, las características de la persona y el espacio en el que se desarrolla. En ese sentido, los jueces deben ponderar derechos, es decir, analizar qué debe prevalecer: el reglamento escolar o la libertad individual, siempre que no se dañe a terceros.
“No se trata de discutir si alguien quiere ir sin playera a la escuela”, puntualizó el juez. El debate actual se centra, sobre todo, en temas de identidad y género, como el uso de falda o pantalón, así como la elección de colores o estilos, no como una forma de provocar, sino para cuestionar si la normativa es inconstitucional.
“Si un reglamento viola derechos humanos, ese reglamento se tiene que caer”, afirmó.
El especialista también subrayó que esta discusión es clave en el caso de personas neurodivergentes, cuyas condiciones no siempre son visibles, pero influyen en decisiones como la forma de vestir o peinarse. En estos casos, señaló, es el Estado quien debe adaptarse para garantizar que tengan los mismos derechos y acceso a una educación digna y adecuada.
El tema abre una reflexión necesaria: ¿hasta dónde llegan las reglas escolares y en qué punto comienzan a vulnerar la individualidad y los derechos de estudiantes que sólo buscan aprender y desarrollarse en un entorno respetuoso?
Foto: Facebook SEPH
