19 de Marzo del 2024
La liberación de las 23 personas involucradas en los disturbios del municipio de Tizayuca fue posible ante la aceptación de una suspensión condicional del proceso; esto, lo informó la abogada defensora, Martha Chincolla Trejo.
El cambio de medidas cautelares fue autorizado por el juez de Control, Luis Raúl González Becerra; y tras 15 días de haber estado en prisión, abandonaron este martes 19 de marzo el Centro de Readaptación Social de Pachuca.
El pasado 6 de marzo del 2024 fueron aprehendidos por presuntamente atacar a policías municipales y estatales de Tizayuca, y por estar relacionados a un grupo delictivo denominado “Los 300”. EL juez de control antes mencionado, resolvió que existían suficientes datos de prueba por hechos que la ley señala como delitos de Resistencia de particulares, Ultrajes a la autoridad, Daño en propiedad, y Lesiones, con el agravante de cometido en pandilla y fueron vinculados a proceso.
Martha Chincolla Trejo, defensora consideró que los delitos de ultrajes a la autoridad deberían estar derogados, y tal vez sólo considerarlos como una falta administrativa y que este hecho sirve de precedente para la sociedad, a efecto de que defina cuál es la actividad que le corresponde y que no deben realizar una conducta típica clasificada como delito.
Las y los imputados fueron recibidos por familiares y amigos que los esperaban con felicidad, pero también con enojo con las autoridades, ya que consideran que es una injusticia que se pudo evitar y que no correspondía que pasaran.
Dentro de la causa 323/2024 que se les imputó, se les designó pagar como reparación de daños 202 mil 800 pesos. El dinero entregado se distribuyó así: 190 mil pesos por los daños ocasionados a la Policía Estatal, 8 mil 800 por los daños generados a la Policía Municipal de Tizayuca, así como dos mil pesos para cada una de las dos víctimas que sufrieron lesiones.
En cuanto a su libertad, esta no refiere que sea del todo exento, pues el juez les condicionó a vivir en un lugar determinado, bajo supervisión y vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), así como no reincidir en otra conducta semejante o ilícita y la reparación integral del daño, mismas que deberán cumplir durante un año a efecto de que se extinga la acción penal.
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