20 de Marzo del 2026
La recién nombrada titular del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial de Hidalgo, Fátima Lorena Baños Pérez, solicitó licencia sin goce de sueldo a pocos días de haber asumido el cargo, en medio de cuestionamientos públicos por un antecedente de discriminación que derivó en una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2021.
A través de un posicionamiento dirigido a la opinión pública, la funcionaria explicó que la decisión de separarse temporalmente del cargo tiene como finalidad gestionar ante las autoridades competentes las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de dicha recomendación.
El caso que ha sido retomado en los señalamientos corresponde a su paso por el Instituto Hidalguense del Deporte, donde fue señalada por un acto de discriminación, lo que derivó en la emisión de una recomendación por parte de la CNDH.
En su mensaje, Baños Pérez reconoció la existencia de dicha recomendación y sostuvo que asumió la responsabilidad institucional “con seriedad y compromiso”. Detalló que el asunto derivó en un proceso penal en el que optó por una salida alterna, mediante la cual —afirmó— cumplió con una reparación integral del daño.
Precisó que dicha reparación incluyó medidas de no repetición, satisfacción, rehabilitación, restitución y compensación, y aseguró que cumplió en tiempo y forma con los cinco puntos recomendatorios, además de participar en procesos de capacitación y fortalecer protocolos institucionales.
Asimismo, defendió que, tras el cumplimiento de estas medidas, no existe impedimento legal para desempeñar el cargo, por lo que su nombramiento responde a su preparación, experiencia y compromiso con la profesionalización dentro del Poder Judicial.
Baños Pérez también adelantó que no volverá a pronunciarse sobre el tema, al considerar que hacerlo implicaría revictimizar a las personas involucradas en un proceso que, afirmó, ya ha concluido.
El pronunciamiento se da en un contexto de presión mediática por su designación. En este escenario, periodistas buscaron la postura de la magistrada presidenta del Poder Judicial de Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverría, quien evitó dar declaraciones al retirarse por una salida alterna para no atender a los medios de comunicación.
El caso mantiene el debate público sobre los criterios de designación en el Poder Judicial estatal, particularmente cuando existen antecedentes relacionados con violaciones a derechos humanos como la discriminación.
