23 de Marzo del 2026
Neptalí Reyes Bolaños, padre del menor con Síndrome de Down discriminado en sus clases de natación en el Instituto Hidalguense del Deporte (INHIDE) en 2018, solicitó al Congreso local legislar con la finalidad de que los antecedentes de violación a derechos humanos sean parte de los criterios de idoneidad al acceder a un cargo público, especialmente en instituciones encargadas de impartir o formar en justicia, lo cual llamó como Ley Daniel.
Esto, luego que Fátima Lorena Baños Pérez, recién nombrada titular del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial de Hidalgo, solicitó licencia sin goce de sueldo a pocos días de haber asumido el cargo, en medio de cuestionamientos públicos por este antecedente de discriminación que derivó en una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2021.
Recientemente, Reyes Bolaños acudió a la Contraloría estatal para conocer el expediente que presentó en 2019 en el órgano interno de control del INHIDE, identificado con el folio EXP.2019/INHIDE/OIC04, el cual le informaron fue archivado por “falta de elementos probatorios”; sin embargo, no fue notificado formalmente.
Al dar su postura en la explanada de la Plaza Juárez, consideró que ello es una falla en el debido proceso y en la garantía de audiencia.
“Lo que vivió mi hijo es un hecho jurídicamente reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el amparo 162/2021 y por la recomendación 81/2020 de la CNDH. El Estado mexicano aceptó que hubo discriminación, violación a derechos humanos y omisión de ajustes razonables”, dijo.
En este contexto, Reyes Bolaños consideró que se realizan nombramientos de alto nivel sin una revisión previa, rigurosa y completa de antecedentes, incluyendo en materia de derechos humanos.
“Cuando un sistema designa a alguien en una posición clave, la evaluación de idoneidad debe ser previa. No es posible, que primero se nombre a la persona y, luego tenga que separarse del cargo para acreditar que puede ocuparlo. La idoneidad no se construye después del nombramiento: es un requisito previo”, expuso.
Así como “ya existen restricciones para personas con antecedentes en violencia de género o incumplimiento de obligaciones alimentarias, este caso nos obliga a ampliar la reflexión: incluir las violaciones graves a derechos humanos como un criterio de idoneidad a cargos públicos”, señaló.
Como antecedente, Fátima Lorena Baños Pérez logró una salida alterna en el proceso penal que se siguió en su contra por el delito de discriminación agravada en contra de un niño con Síndrome de Down; sin embargo, no dio una disculpa pública a satisfacción de los afectados e incumplió con la capacitación a la que se comprometió, por lo que se debería rectificar el nombramiento, consideraron las víctimas indirectas.
