24 de Marzo del 2026
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PACHUCA. – El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Hidalgo contará con nuevas instalaciones tras la recuperación de un inmueble como pago de un crédito fiscal, según informó el gobernador Julio Menchaca Salazar.
La nueva sede se ubica en Zona Plateada de Pachuca, a unos siete kilómetros del Sector Primario, donde el Tribunal se encuentra actualmente y cuya plantilla laboral es de 43 personas, incluidos los cinco magistrados.
De acuerdo con el mandatario estatal, la obtención del nuevo edificio fue posible luego de que la Secretaría de Hacienda estatal tomó el inmueble como forma de pago de un adeudo fiscal.
Al momento de la recuperación, la construcción se encontraba en etapa de "obra blanca", por lo que el gobierno estatal destinó una inversión adicional de 18 millones de pesos en adecuaciones.
Menchaca Salazar aclaró que los trabajos de obra ya concluyeron por lo que se prevé que el próximo mes el Tribunal comience la mudanza.
Con anterioridad, en la última semana de febrero, el gobernador señaló que con el fin de optimizar el uso de espacios públicos y reducir el gasto en rentas, se proyecta el traslado de la actual Procuraduría una vez que se concrete la transición a Fiscalía General del Estado de Hidalgo.
Al desocupar estas oficinas, el Poder Judicial estatal podría expandir sus operaciones y ocupar la totalidad del complejo en el Sector Primario de Pachuca, espacio que actualmente comparten ambas instituciones, y donde a su vez está el TJA.
Apenas el 3 de marzo, en el Periódico Oficial del Estado (POEH) se publicó un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política estatal en materia del Tribunal de Justicia Administrativa.
El artículo 154 Bis indica que el TJA es un órgano jurisdiccional, encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal con los particulares, por lo que es competente para imponer sanciones a los servidores públicos; incluso de fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones o sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública.
