11 de Abril del 2026
La crisis de representatividad que enfrenta el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH) responde a una serie de irregularidades acumuladas en sus procesos internos, particularmente en la emisión de convocatorias y la celebración de asambleas, lo que ha derivado en un estancamiento jurídico que impide la renovación de su dirigencia.
Así lo advirtió el abogado laboralista Óscar Martínez Ángeles, quien señaló que estas fallas contravienen tanto los estatutos del propio sindicato como la Ley Federal del Trabajo, generando un escenario en el que los actos subsecuentes pueden ser impugnados y, en consecuencia, invalidados.
De acuerdo con el especialista, esta cadena de irregularidades ha frenado la elección de un nuevo comité ejecutivo que sustituya a la actual dirigencia interina, lo que mantiene a la base trabajadora sin una representación sindical plenamente reconocida. Esta situación, explicó, limita la capacidad de los trabajadores para ejercer sus derechos colectivos y los coloca en desventaja frente a la parte patronal.
Como posible salida, Martínez Ángeles planteó la necesidad de retomar el proceso de renovación con estricto apego a la normatividad. Indicó que el primer paso corresponde al comité interino, encabezado por Israel Guarneros Rico, el cual tiene la facultad de convocar a asambleas. No obstante, subrayó que dichos procesos deben cumplir con requisitos fundamentales, como la correcta emisión de la convocatoria y la acreditación del quórum legal, para evitar nuevas impugnaciones.
El abogado también advirtió sobre la incertidumbre jurídica derivada de recursos de amparo promovidos por actores como Víctor Licona. Señaló que es indispensable analizar a detalle las resoluciones judiciales, ya que existe la posibilidad de que actos previos, incluida la conformación del comité interino, puedan ser declarados inválidos, lo que afectaría la legalidad de cualquier proceso futuro.
Finalmente, alertó que la falta de una dirigencia con reconocimiento legal tiene consecuencias directas en la vida laboral de los agremiados, al impedir la negociación de condiciones contractuales y salariales con el gobierno estatal. Mientras no se consolide una representación sindical legítima y apegada a derecho, la base trabajadora continuará sin un interlocutor formal que defienda sus intereses.
