15 de Abril del 2026
PACHUCA. – Para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF) a las entidades federativas no les alcanzaría los recursos y por lo tanto la asignación de presupuesto la debería asumir la federación, señaló el gobernador Julio Menchaca Salazar.
Desde el 7 de junio de 2023 fue publicado el Código y por decreto presidencial se estableció que los estados deberán aplicarlo a más tardar el 1 de abril de 2027.
Debido a que ya solo falta un año, Plétora Lex le cuestionó al mandatario estatal sobre los avances en el caso de Hidalgo y al respecto, Menchaca Salazar recordó que cuando fue senador presentó la iniciativa.
Fue en noviembre de 2021 cuando la promovió para expedir el CNPCF y con ello, establecer procedimientos homologados y con criterios uniformes en todo el país.
Menchaca Salazar recordó que en la propuesta se estableció un periodo de seis años para implementar el Código; sin embargo, en la publicación final se redujo a cuatro años.
Aunque el transitorio sexto de decreto establece que los congresos locales deberán aprobar recursos para el cumplimiento, el exlegislador consideró que será “complicado”.
“Yo creo que eh va a ser decisión de la Cámara de Diputados federal el asignar los recursos, porque si no, no le va a alcanzar a ninguna entidad federativa para poderlo poner en marcha eh de una manera inmediata”.
En marzo de este año, Rebeca Stella Aladro Echeverría, titular del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH), aceptó que se requeriría la ampliación de los inmuebles judiciales y de la plantilla profesional, aunque aceptó que no se asignaron recursos este 2026.
El artículo 3 de este Código precisa que el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar se ponderará en todo tiempo la solución de la controversia sobre los formalismos procesales.
Asimismo, precisa que serán considerados los beneficios de la justicia alternativa o procedimientos convencionales que pacten las partes. Durante la impartición de justicia, las autoridades jurisdiccionales deberán garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, actuando con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
