Senado avala reformas a la Ley de Amparo

Con el voto de los integrantes de Morena y partidos aliados, se avalaron en el Senado las reformas a la Ley de Amparo, cuya implicación es que cuando se resuelva la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales.

La reforma aprobaba modifica los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tiene antecedente en la iniciativa que el 3 de abril presentó Ricardo Monreal Ávila del grupo parlamentario de Movimiento Generación Nacional (Morena).

El Senado de la República envió el dictamen a la Cámara de Diputados para su proceso legislativo. En su intervención, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, consideró que los votos a favor refrendarían “el compromiso de que las leyes reglamentarias sean acordes con el texto constitucional”.

Y cuestionó que los jueces de distrito concedan suspensiones con efectos generales solo en favor de los quejosos; es decir, de quienes interpusieron el amparo. Agregó, que como no hay un límite de temporalidad en la suspensión, una vez que esta se obtiene se puede volver transexenal y no entraría en vigor la norma emitida por los legisladores, dijo.

Por su parte, el senador panista Julen Rementería del Puerto en representación de Acción Nacional (PAN), discutió que las reforma en mención fue propuesta solo dos semanas atrás y por ello la calificó como un “uso abusivo de la mayoría”.

En ese sentido el PAN propuso la moción suspensiva al proyecto de decreto en mención para que regresara a las comisiones y se continuara con su estudio. “Hay muchas dudas, ¿por qué la prisa y el querer que se resuelva de manera inmediata?”, cuestionó.

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Es importante recordar que el juicio de amparo se encuentra regulado por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y que es un medio de control contra actos emitidos con motivo del ejercicio de poder previsto por el ordenamiento jurídico mexicano, el cual tiene por objeto proteger los derechos humanos y los establecidos en la Constitución.

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