29 de Mayo del 2024
PACHUCA. – Cuando Casimiro intentó cobrar su pensión de adulto mayor le dijeron que le depositarían el dinero a la misma tarjeta en la que le llegaba su nómina como trabajador de la alcaldía de Lolotla.
En ese momento se dio cuenta que le habían robado su identidad y datos personales para darlo de alta en la presidencia municipal como servidor público.
Casi dos millones de pesos se cobraron a su nombre, cuando en realidad él es un campesino que estudió hasta segundo grado de primaria y que jamás laboró en la administración pública de Lolotla.
Así se desprende de la carpeta de investigación con número único de caso 11-2024-00095 que Casimiro inició el 26 de marzo de 2024 en la agencia del Ministerio Público del distrito de Molango de Escamilla.
Ese día, el hombre de 66 años de edad se querelló por el delito de usurpación de identidad y lo que resulte en contra de quien o quienes resulten responsables.
Durante su entrevista con el Ministerio Público, narró que el 8 de agosto de 2023 asistió a las oficinas del Bienestar de su comunidad para recibir la tarjeta donde le depositarían su apoyo por ser adulto mayor.
Al llegar a las instalaciones de los programas sociales, le informaron que su nombre estaba inscrito como trabajador de la presidencia municipal de Lolotla y que entonces le depositarían el dinero en la misma tarjeta donde le enviaban su nómina.
Casimiro les comentó que desconocía esa información y que toda su vida había trabajado en el campo, pero en el Bienestar le imprimieron una relación del personal que estaba dado de alta en la alcaldía de Lolotla.
Fue así como observó que su nombre sí aparecía, e incluso, que tenía un cargo como enlace adscrito a la Secretaría General Municipal.
También le mostraron unos documentos que aparecen en la Plataforma Nacional del Transparencia (PNT) donde está su nombre con un sueldo mensual bruto de 6 mil pesos.
La nómina mensual además de ingresos adicionales en un periodo del 1 de abril de 2023 al 30 de junio de 2023, arrojaron un total de un millón 530 mil 578 pesos que ingresaron a una cuenta que tenía sus datos personales.
Casimiro acudió a las oficinas de la Contraloría estatal situadas en la ciudad de Pachuca el 16 de agosto para alertar sobre su situación; mientras que el 20 de octubre dos individuos que se identificaron como trabajadores del Órgano Interno de Control de Lolotla lo buscaron para informarle que a raíz de su queja iniciaron una investigación radicada en el expediente 01/2023.
Posterior a ello, contó que una mujer que presuntamente se identificaba como trabajadora de la Contraloría de Hidalgo comenzó a hostigarlo vía telefónica para supuestamente dar solución al conflicto.
Mediante llamadas también le ofrecieron 130 mil pesos y darlo de baja en la nómina de Lolotla, per le pedían asistir a la alcaldía para firmar la baja.
Casimiro se negó y desde entonces las llamadas fueron insistentes, por lo que sospechó que la persona que presuntamente se identificaba como funcionaria estatal estaba coludida con quienes habían utilizado su identidad para recaudar los casi dos millones de pesos.
El campesino dijo que no sabe quién cobró el dinero y realizó los trámites a su nombre, por lo que denunció hechos posiblemente constitutivos del delito de usurpación de identidad y lo que resulte, como se desprende del acta de entrevista a la víctima que data del 26 de marzo del año en curso.
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