24 de Septiembre del 2026
Las diferencias entre las magistraturas Rosa Amparo Martínez Lechuga y el magistrado presidente, Leodegario Hernández Cortez, quedaron expuestas durante la discusión y resolución de un asunto relacionado con el ayuntamiento de Progreso de Obregón, los dimes y diretes incluyeron cuestionamientos sobre intentos de imponer criterios en asuntos anteriores.
El intercambio surgió durante la discusión de un proyecto relacionado con el expediente JDC 96/2026, cuando Hernández Cortez recordó un caso previo en el que, según su relato, se le pidió que un proyectista elaborara el proyecto de sentencia y que él únicamente lo presentara ante el Pleno.
“Cuando yo asumí un asunto, un JDC, frente al asunto de Francisco Javier, cuando usted y el magistrado Manuel me dijeron que su proyectista elaborara el proyecto de sentencia y que yo solamente lo presentara, ahí recuerdo que les expresé públicamente: hagan lo propio ustedes, pero yo sostuve mi proyecto y ese asunto fue público”, señaló el magistrado presidente.
En respuesta, Martínez Lechuga cuestionó el señalamiento de que hubiera dado un trato diferenciado en un expediente y pidió que se presentaran pruebas.
“Es lamentable que el posicionamiento que acaba de hacer el magistrado presidente referente a que yo estoy haciendo un trato diferenciado en un expediente me gustaría que exhiba las pruebas para poder comprobarlo”, sostuvo.
La magistrada añadió: “Yo no hago ningún trato diferenciado en ningún expediente”.
En otro momento de la discusión, Martínez Lechuga también afirmó que en un asunto anterior se le pretendía imponer una determinada resolución. “Lo que se me pretendía imponer es que yo realizara una sentencia, una aplicación de una justicia selectiva, porque quería claramente que por la existencia de un diverso juicio se amonestara públicamente a la presidenta de Huazalingo”, expuso.
El intercambio ocurrió mientras las magistraturas discutían el alcance de la resolución propuesta por Martínez Lechuga en el JDC 96/2026, relacionado con una sanción impuesta a un integrante del Ayuntamiento de Progreso de Obregón.
La magistrada propuso declarar fundados los agravios y realizar un control difuso de constitucionalidad para inaplicar la medida extraordinaria prevista en la normativa municipal, al considerar que no superaba un análisis de proporcionalidad. También planteó medidas de no repetición.
Sin embargo, la magistrada Lilibeth García Martínez manifestó que coincidía en que los agravios eran fundados, pero no con la metodología utilizada. Señaló que la inaplicación de una norma municipal no podía derivar únicamente de considerar que su contenido fuera inconveniente o restrictivo y sostuvo que el asunto podía resolverse a partir de cuestiones de legalidad, fundamentación y motivación.
Hernández Cortez también expresó coincidencias parciales con el sentido del proyecto, pero consideró que existía “un exceso” en la atención de algunos de los puntos planteados.
Finalmente, el proyecto de Martínez Lechuga fue rechazado por mayoría. García Martínez y Hernández Cortez votaron en contra, mientras que Martínez Lechuga votó a favor y anunció la emisión de un voto particular.
