29 de Junio del 2026
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) podrá realizar auditorías directas a los recursos federales que reciben los 84 municipios de la entidad, luego de que este lunes suscriba un convenio de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el que se fortalece la fiscalización del gasto federalizado.
El acuerdo será firmado en la sede de la ASF, en la Ciudad de México, por el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, y el auditor superior del Estado de Hidalgo, Jorge Valverde Islas.
Con este convenio, la ASEH se incorporará al esquema nacional de coordinación encabezado por la ASF, lo que le permitirá revisar de manera directa el ejercicio de los recursos públicos federales transferidos a los ayuntamientos, bajo la conducción y lineamientos del órgano federal. Además, colaborará en la fiscalización de las participaciones federales que ejercen los municipios.
La relevancia del acuerdo radica en que una parte importante de los ingresos municipales proviene de las participaciones del Ramo 28 y de las aportaciones del Ramo 33, recursos destinados al financiamiento de servicios públicos, infraestructura y otras acciones de gobierno.
El convenio establece que la ASEH será responsable de desarrollar todo el proceso de auditoría en los procedimientos que le sean encomendados, desde el inicio de la revisión hasta el seguimiento de las observaciones y, en su caso, la promoción de las acciones jurídicas que correspondan.
Por su parte, la ASF proporcionará metodologías de fiscalización, capacitación y herramientas para homologar criterios, procedimientos y tecnologías de auditoría, con el propósito de fortalecer la coordinación entre ambas instituciones y estandarizar la revisión del gasto federalizado.
Asimismo, ambas instancias coordinarán acciones para verificar el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en los ayuntamientos hidalguenses.
El convenio también contempla la designación de enlaces institucionales para su operación y establece la obligación de mantener la confidencialidad de los hallazgos, observaciones y documentos derivados de las auditorías.
El acuerdo tendrá vigencia por tiempo indefinido y sustituirá los instrumentos de coordinación firmados con anterioridad entre ambas entidades fiscalizadoras
