Aumentan penas por piratería y falsificación; incorporan delito por suplantar a instituciones públicas

17 de Noviembre del 2026

Aumentan penas por piratería y falsificación; incorporan delito por suplantar a instituciones públicas

Vender películas pirata, distribuir libros sin autorización o comercializar productos con marcas falsificadas puede costar ahora hasta 10 años de prisión. Las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial endurecen las sanciones, alcanzan a quienes financian estos negocios e incorporan nuevos delitos, como utilizar la identidad de instituciones públicas para engañar y cometer ilícitos.

Los cambios ya están vigentes y fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Además de aumentar las penas, las modificaciones establecen nuevas reglas para determinar cuándo una actividad se considera comercial y cómo se calcula la reparación del daño.

DE VENDER COPIAS PIRATA A ENFRENTAR HASTA 10 AÑOS DE CÁRCEL

Las sanciones por comercializar libros, música y películas sin autorización aumentaron. En el artículo 424 del Código Penal Federal, las penas por vender libros de texto gratuitos, producir ejemplares no autorizados o utilizar obras protegidas con fines comerciales pasaron de seis meses a seis años de prisión a tres a siete años. Las multas también subieron: de 300 a tres mil a mil a 10 mil días.

Para quienes producen, distribuyen o venden copias ilegales, el artículo 424 Bis elevó la pena mínima de tres a cuatro años, con un máximo de 10. La responsabilidad también alcanza a quienes aporten dinero, materias primas o insumos para estas actividades, siempre que conozcan su destino.

La venta en calles y espacios públicos también tiene nuevas sanciones: antes se castigaba con seis meses a seis años de prisión y ahora con dos a seis años. Si la actividad se realiza de manera organizada, sistemática o reiterada en establecimientos, puestos o medios electrónicos, la pena es de cuatro a 10 años.

Otra novedad es que divulgar o distribuir obras, música, películas o libros antes de su lanzamiento oficial, sin autorización, ya constituye un delito específico. El artículo 424 Quáter establece para esta conducta de cuatro a 10 años de prisión.

SUPLANTAR A UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA TAMBIÉN PUEDE LLEVAR A PRISIÓN

La reforma no se limita a la piratería. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial incorpora el artículo 403 Bis, que castiga el uso o la imitación de logotipos, dominios electrónicos y documentos oficiales de instituciones públicas para hacer pasar comunicaciones, plataformas o servicios como si fueran legítimos, cuando la intención sea cometer un ilícito.

La sanción va de uno a cinco años de prisión y de mil a 10 mil UMA.

En cuanto a las marcas falsificadas, la ley ahora contempla expresamente la introducción de esos productos al país y alcanza a quienes proporcionen dinero o materiales para fabricarlos, si conocen el uso que se les dará.

La venta en calles mantiene penas de dos a seis años de prisión. En cambio, cuando se realiza de forma organizada o reiterada en establecimientos, puestos o medios electrónicos, la pena mínima sube de tres a cuatro años, con un máximo de 10.

CAMBIA EL CÁLCULO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO

Las víctimas pueden solicitar, además de la reparación mínima equivalente al 40 por ciento del precio del producto o servicio legítimo afectado, una cantidad resarcitoria de entre 340 y 50 mil UMA. Para establecerla se consideran el alcance de la difusión, las circunstancias del delito y el perjuicio ocasionado.

Otro criterio incorporado es el de escala comercial: se considera como tal una actividad que alcanza un valor de al menos 170 UMA. Además, los envíos relacionados pueden acumularse durante un periodo de hasta 90 días cuando exista vinculación entre remitentes, destinatarios o redes de distribución.

Por último, se deroga el artículo 405 de la ley de propiedad industrial, que exigía un dictamen técnico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en un plazo máximo de 30 días hábiles, para que el Ministerio Público pudiera ejercer acción penal por determinados delitos de falsificación de marcas.




Judith Ferrer
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Categorías: Político

Tags: Piratería, suplantación de instituciones públicas,