17 de Noviembre del 2026
El secretario de la Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, se pronunció a favor de eliminar la autorización de dos terceras partes de los integrantes de los ayuntamientos para cada contratación, en medio del proceso de votación que realizan los Cabildos de los 84 municipios para reformar la fracción XV del artículo 141 de la Constitución estatal.
El funcionario consideró que la disposición actual entorpece los procedimientos administrativos y puede colocar a los presidentes municipales en incumplimiento de sus obligaciones legales, incluso cuando ya realizaron licitaciones y adjudicaron contratos conforme a la normatividad.
Durante su posicionamiento, reveló que varios alcaldes se han acercado a la Secretaría de la Contraloría para solicitar orientación porque, después de cumplir con los procedimientos de contratación de una obra pública, todavía necesitan conseguir la autorización de dos terceras partes de la Asamblea Municipal para formalizar el contrato.
Explicó que los ayuntamientos ya cuentan con un presupuesto de egresos aprobado por sus respectivos Cabildos y deben sujetarse a las leyes de adquisiciones y de obra pública, además de cumplir con los procesos de licitación y adjudicación.
Por ello, cuestionó que después de agotar esos procedimientos tengan que someter nuevamente la contratación a consideración de los asambleístas.
“Si ya se cumplió la ley, si ya se hizo una contratación, una adjudicación, nadie te puede impedir a firmar el contrato”, sostuvo.
Bardales afirmó que Hidalgo tiene una de las disposiciones más estrictas del país en esta materia. Explicó que en otras entidades la autorización adicional de los ayuntamientos se limita a operaciones extraordinarias, compromisos financieros o decisiones que pueden afectar el patrimonio municipal, mientras que en Hidalgo se exige para cada contratación.
Como argumento para eliminar este requisito, señaló que las asambleas municipales ya disponen de mecanismos para vigilar el manejo de los recursos públicos, entre ellos la intervención de los síndicos procuradores, los órganos internos de control y la revisión de los estados financieros.
Incluso aseguró que la Secretaría de la Contraloría no ha determinado observaciones relacionadas con la falta de autorización de los Cabildos cuando previamente se realizó una licitación pública conforme a la legislación.
Advirtió que mantener esta exigencia puede retrasar la ejecución de obras, impedir el ejercicio oportuno del gasto público y ocasionar que los recursos federales que no se utilicen tengan que reintegrarse, además de generar subejercicios.
“Imagínate que no se pueda ejercer el gasto público, que no se puedan llevar a cabo las contrataciones, las obras públicas”, expresó.
El secretario reconoció que los integrantes de los ayuntamientos tienen argumentos para exigir vigilancia sobre las decisiones de los alcaldes; sin embargo, sostuvo que los mecanismos de fiscalización existentes son suficientes y que la supervisión no debe convertirse en un obstáculo para formalizar contratos.