28 de Julio del 2026
PACHUCA.- En los 12 penales de Hidalgo hay entre 50 y 70 personas indígenas cuyos casos son analizados para un posible proceso de excarcelación, informó Prisco Manuel Gutiérrez, titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDSPI).
El funcionario explicó que se trata de un esfuerzo coordinado con la federación y enfocado en indígenas que ya cumplieron la mayor parte de su sentencia, que enfrentan fianzas que no pueden pagar, o en cuyos procesos no se respetó el debido proceso, por ejemplo, al no contar con un intérprete de su lengua.
De acuerdo con Gutiérrez, aunque hay casos indígenas en los Centros de Readaptación Social (Cereso) de la entidad, la mayor concentración se encuentra en la Huasteca, la región Otomí-Tepehua y Pachuca. Las personas identificadas pertenecen principalmente a las culturas náhuatl, pames y tének.
El titular de la CEDSPI detalló que existen casos en los penales de Jaltocán y Tenango de Doria, donde hay reos que ya purgaron más de la mitad de su sentencia, pero cuya salud se ha deteriorado gravemente, al grado de poner en riesgo su vida.
Sin embargo, también puntualizó que no todos los casos son susceptibles de excarcelación: los delitos graves quedan fuera de este procedimiento.
El proceso de análisis y resolución de cada caso puede tomar entre tres meses y un año, dependiendo de la complejidad.
Gutiérrez estimó que los primeros casos podrían resolverse a finales de este año, calculó alrededor de cinco personas, mientras que una segunda etapa de excarcelaciones se desarrollaría durante el próximo año.
El comisionado realizó un llamado a las personas indígenas que hablen y escriban su lengua a certificarse como intérpretes y traductores.
Actualmente hay alrededor de 235 intérpretes asignados a juzgados y ministerios públicos, además de otros 200 certificados de manera independiente.
Recordó que cada sesión de acompañamiento se paga con mil 700 pesos, por lo que un juicio con varias audiencias puede representar un ingreso adicional relevante para quienes se certifiquen.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) prevé cuatro requisitos principales para este programa de excarcelación.
El primero, una solicitud mediante escrito libre; después, que proceda legalmente la libertad provisional o definitiva. Asimismo, que se trate de personas de escasos recursos económicos y no reincidentes.
Si son delitos o faltas que afecten a algún integrante de la comunidad, familia, mujeres, niños, niñas y/o adolescentes, así como para el caso de indígenas sentenciados por delitos graves, el INPI determinará la acción institucional que proceda.
