31 de Agosto del 2026
Integrantes del colectivo Mercadita Las Insurgentas denunciaron presuntas irregularidades en la actuación de dos jueces del Poder Judicial de Hidalgo, uno de la materia familiar y otro del ámbito penal, a quienes señalan de haber favorecido —según los casos que aseguran documentar— a personas acusadas de ejercer violencia vicaria contra mujeres y sus hijos.
Durante una protesta realizada en Pachuca, las integrantes del colectivo señalaron particularmente a la jueza Beatriz Nieto Pacheco, adscrita a la materia familiar, y al juez penal, Miguel Ángel Galindo Nájera, a quienes atribuyeron decisiones que, desde su perspectiva, han profundizado la violencia institucional que enfrentan madres inmersas en controversias familiares y procesos penales.
Las manifestantes aclararon que sus señalamientos forman parte de los casos que han acompañado y de las quejas que, aseguran, han presentado ante las instancias correspondientes.
Alrededor de 250 casos acompañados
Katia Isela Vázquez Peralta, integrante de Mercadita Las Insurgentas, afirmó que la colectiva tiene alrededor de 250 casos de violencia vicaria en acompañamiento, además de aproximadamente 30 casos que se encuentran en espera de atención.
De acuerdo con su testimonio, los casos comenzaron a ser identificados de manera más sistemática desde 2022, cuando las integrantes del colectivo observaron patrones similares en distintas controversias familiares, tales como, sustracción o separación de niñas y niños, procesos judiciales prolongados, denuncias contra las madres y disputas por la guarda y custodia.
La activista sostuvo que los casos no se concentran exclusivamente en Pachuca, sino que también existen expedientes en municipios como Ixmiquilpan, Tizayuca, Actopan y Tulancingo, entre otros.
La violencia vicaria es entendida, en términos generales, como aquella que busca causar daño a una mujer mediante sus hijas o hijos, utilizándolos como instrumento para mantener o profundizar el control y la violencia contra ella.
Señalamientos contra una jueza familiar
Uno de los principales reclamos de las integrantes del colectivo está dirigido contra la jueza Beatriz Nieto Pacheco, a quien relacionan con diversos casos de guarda y custodia.
Las mujeres aseguran que tienen identificados alrededor de 10 casos que consideran particularmente graves relacionados con la actuación de la juzgadora, además de otros expedientes que, según dijeron, se encuentran pendientes de revisión.
Entre los señalamientos se encuentra el supuesto otorgamiento de custodias a personas que, según las denunciantes, cuentan con antecedentes o señalamientos previos de violencia. También cuestionaron la rapidez con la que, aseguran, se han emitido algunas determinaciones judiciales.
Las integrantes de la colectiva mencionaron como antecedente casos registrados en Tulancingo, en los que, según su versión, madres habrían sufrido la separación de sus hijas o hijos durante procesos de guarda y custodia.
Asimismo, afirmaron que han presentado quejas ante el Consejo de la Judicatura en relación con la actuación de la jueza y que existen otros antecedentes que consideran deben ser revisados por las autoridades judiciales.
Las acusaciones sobre corrupción, venta de custodias o pérdida deliberada de expedientes fueron planteadas por las manifestantes como presuntos hechos que deben ser investigados, sin que en los testimonios recabados se presenten como hechos judicialmente acreditados.
También señalan a un juez penal
El segundo señalamiento está dirigido al juez Miguel Ángel Galindo Nájera, de la materia penal.
Las integrantes de Mercadita Las Insurgentas sostienen que diversas mujeres que acompañan han enfrentado procesos penales derivados, según su versión, de denuncias interpuestas por sus exparejas en el contexto de conflictos familiares y acusaciones de violencia vicaria.
Entre los delitos o conductas que mencionaron se encuentran denuncias por violencia familiar e incumplimiento de obligaciones alimentarias, además de otras acusaciones que las activistas consideran utilizadas para criminalizar a las madres.
Una de las integrantes relató su propio caso y afirmó que fue vinculada a proceso por una agresión que, según dijo, no habría sido acreditada por un peritaje médico. La mujer cuestionó que se hubiera tomado una determinación judicial pese a lo que, asegura, señalaba dicha prueba.
Las activistas también expresaron sospechas sobre posibles conflictos de interés o relaciones personales que, desde su perspectiva, deberían ser revisadas cuando determinados asuntos terminan en manos de ciertos juzgadores.
Estos señalamientos, al igual que los realizados contra la jueza familiar, corresponden a acusaciones formuladas públicamente por las integrantes del colectivo y deberán ser corroborados, en su caso, mediante las investigaciones y procedimientos institucionales correspondientes.
Reclaman revisión de los expedientes
Más allá de los casos particulares, las mujeres exigieron al Poder Judicial de Hidalgo una revisión de los expedientes en los que existan indicios de violencia vicaria y pidieron capacitación especializada para jueces y personal encargado de resolver controversias familiares.
"Para ellos somos solo papel, pero para nosotras son nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos", expresó una de las integrantes durante la protesta.
Piden audiencia con magistrada
La protesta tuvo como uno de sus objetivos solicitar una audiencia con la magistrada Rebeca Aladro, ante la preocupación de las integrantes por el caso de una mujer identificada como Estefany y por las decisiones relacionadas con la guarda y custodia de sus hijos.
