15 de Octubre del 2026
Pachuca, Hidalgo.— Los señalamientos de presunto nepotismo en la Secretaría de Cultura de Hidalgo y en el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea serán investigados por la Secretaría de la Contraloría estatal, cuyo titular, Álvaro Bardales Ramírez, informó que ya se solicita información para determinar las acciones administrativas que correspondan.
Durante su comparecencia ante el Congreso local, el funcionario reconoció que no tenía conocimiento previo de ambos casos; sin embargo, aseguró que, tras las denuncias públicas, se tomaron medidas para esclarecer los hechos.
“Estamos solicitando la información que nos dan de parte del Congreso del Estado y estaremos dando inicio a los procedimientos”, señaló.
Los casos se suman a las acciones de fiscalización y combate a presuntas irregularidades en la administración pública estatal, que, de acuerdo con los datos presentados por la Contraloría, han derivado en 762 resoluciones sancionatorias contra servidores públicos, entre ellas 247 inhabilitaciones y 317 amonestaciones.
Claudia Guadalupe López Torres, directora general de Responsabilidades Administrativas, precisó que las inhabilitaciones son una de las sanciones más severas que puede imponer la dependencia. Añadió que 51 expedientes fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa por considerar que podrían constituir faltas graves; estos permanecen en etapa de sustanciación.
Por otra parte, Bardales Ramírez informó que la Contraloría inició 97 carpetas de investigación ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción por hechos relacionados con presunto desvío de recursos públicos, peculado y contrataciones indebidas.
Aunque no detalló las dependencias de adscripción de todos los servidores públicos involucrados, explicó que los casos corresponden a distintas áreas, algunas relacionadas con el manejo de recursos extraordinarios, así como a asuntos municipales y denuncias vinculadas con obras públicas.
Cuatro municipios deben solventar observaciones por 487 millones
En materia de fiscalización municipal, el contralor dio a conocer que cuatro ayuntamientos mantienen observaciones pendientes de solventar por un monto conjunto de 487 millones de pesos.
Tepehuacán de Guerrero concentra 210 millones de pesos; Huichapan, 168 millones; Tepetitlán, 58 millones, y Huehuetla, 51 millones. Las observaciones están relacionadas con la aplicación de recursos públicos y forman parte de las revisiones realizadas en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación.
Revisan duplicidad de empleos en el servicio público
Durante la comparecencia también se abordaron las acciones para detectar a trabajadores que desempeñaban más de un empleo público sin contar con un dictamen de compatibilidad.
Bardales Ramírez indicó que fueron identificados alrededor de mil servidores públicos en esa condición. De acuerdo con su exposición, más de 900 regularizaron su situación mediante la renuncia o separación de alguno de sus cargos, mientras que quedan menos de 100 casos bajo revisión.
La Contraloría también recibió 368 solicitudes de compatibilidad de empleo, de las cuales aproximadamente 90 por ciento fueron declaradas improcedentes, según lo informado por el funcionario.
A ello se suman 13 casos de presunto exceso de remuneraciones por el desempeño simultáneo de cargos y 102 investigaciones relacionadas con la omisión de solicitar licencias sin goce de sueldo, separarse de alguno de los puestos o atender incompatibilidades de horarios.
Como resultado de estas acciones, ocho personas promovieron medios de defensa contra las determinaciones de la dependencia. El contralor afirmó que los procedimientos siguen en curso y que se respetará el derecho de los involucrados a defenderse.
Siguen abiertas investigaciones por desvío de recursos
Sobre las investigaciones relacionadas con el presunto desvío de recursos de administraciones anteriores, el titular de la Contraloría sostuvo que los procedimientos no han concluido y que aún existen personas señaladas como presuntas responsables a quienes se busca localizar y notificar.
En cuanto al denominado maxiproceso, aseguró que las acciones continuarán con el objetivo de recuperar los recursos y bienes presuntamente sustraídos. También mencionó la inhabilitación de cuatro exfuncionarios que habrían estado relacionados con estos hechos, entre ellos un exsecretario de Finanzas Públicas, un subsecretario y un excontralor estatal.
Respecto de un caso vinculado con un concurso mercantil, explicó que las inhabilitaciones tienen carácter preventivo y que las determinaciones definitivas dependerán de la resolución del procedimiento correspondiente.
Bardales Ramírez afirmó que la dependencia mantendrá abiertas las investigaciones y continuará con los procedimientos administrativos para determinar las responsabilidades que correspondan.
