12 de Octubre del 2026
La Secretaría de Contraloría de Hidalgo documentó alrededor de 200 casos de nepotismo en los 84 municipios, dependencias y organismos públicos del estado, informó su titular, Álvaro Bardales Ramírez, quien aseguró que las investigaciones derivaron, en algunos casos, en la separación de los involucrados y procedimientos de responsabilidad administrativa.
El funcionario señaló que el nepotismo fue uno de los primeros temas que atendió la dependencia y confirmó que también investiga posibles irregularidades por dobles plazas y conflictos en las relaciones laborales.
Cuestionado sobre el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, donde se señaló que la directora tiene a su hija trabajando en la institución, Bardales Ramírez reconoció conocer la denuncia y la investigación, aunque dijo no tener a la mano información sobre el estado del procedimiento ni detalles específicos del caso.
Estafa Siniestra: 2 mil 400 millones denunciados
Sobre el caso conocido como Estafa Siniestra, Bardales Ramírez dijo que la Contraloría presentó 97 denuncias penales por un monto aproximado de 2 mil 400 millones de pesos, de los cuales se han recuperado alrededor de 500 millones.
El secretario defendió las acciones de la dependencia y sostuvo que las investigaciones deben traducirse en consecuencias para quienes resulten responsables. En una declaración difundida este lunes, resumió la postura institucional: “Nuestra tarea comprende investigar y actuar cuando existen irregularidades, pero también prevenirlas”.
También indicó que 10 presidentes municipales enfrentaron problemas legales y dejaron sus administraciones antes de concluir sus periodos; de ellos, la mitad permanece en prisión, mientras que los demás continúan sus procesos en libertad.
El funcionario afirmó que todavía falta actuar contra otros presuntos involucrados y explicó que los recursos recuperados se reintegran, por regla general, a la cuenta o fondo de origen. Añadió que en dos o tres casos se recuperaron 275 millones de pesos mediante transferencias.
Contraloría rechaza persecución política
Ante los señalamientos de que las investigaciones contra exalcaldes podrían tener motivaciones políticas, Bardales Ramírez rechazó que la Contraloría actúe por instrucciones partidistas o dirija auditorías contra personas específicas.
Afirmó que las revisiones se realizan conforme a la ley y que los servidores públicos señalados tienen derecho a comparecer, presentar pruebas y solicitar las grabaciones de sus audiencias. Como parte de estos procedimientos, reportó cerca de 800 audiencias públicas con presuntos responsables de posibles irregularidades.
Sobre el caso del exalcalde de Tlaxcoapan, quien inició una huelga de hambre en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Actopan para denunciar lo que considera una persecución política, Bardales Ramírez señaló que el exfuncionario tiene derecho a manifestarse, pero debe presentar pruebas para aclarar las observaciones sobre el manejo de recursos públicos.
El secretario consideró que, si existieron recursos desviados, el exalcalde debió reintegrarlos y recurrir a los mecanismos legales correspondientes. Bardales insistió en que las auditorías no distinguen entre partidos políticos y que su objetivo es determinar posibles irregularidades en el uso del dinero público.
Como parte de las acciones contra la corrupción, mencionó sentencias de hasta 13 años de prisión por estos delitos y 25 servidores públicos detenidos, aunque no precisó el periodo al que corresponde esta última cifra.
