11 de Noviembre del 2026
La fiscalización superior en México vive una etapa de transformación que obliga a repensar no sólo los procedimientos de auditoría, sino también el marco jurídico que los sustenta.
En un contexto marcado por una creciente exigencia ciudadana de transparencia, eficiencia y resultados, los órganos de control enfrentan el desafío de fortalecer su capacidad institucional sin perder de vista los principios del Federalismo mexicano. Bajo esta perspectiva, la armonización legislativa se ha convertido en uno de los temas más relevantes para el futuro de la rendición de cuentas.
La importancia de este debate quedó de manifiesto durante el Cuarto Encuentro Nacional por la Armonización Legislativa y el Fortalecimiento del Sistema de Fiscalización en México, celebrado en Hidalgo.
Más allá de su carácter académico y técnico, el encuentro evidenció la necesidad de construir mecanismos que permitan una mayor coordinación entre los distintos actores involucrados en la vigilancia de los recursos públicos.
Uno de los principales retos de la fiscalización mexicana deriva de la existencia de marcos normativos que, si bien comparten principios generales, mantienen diferencias relevantes entre entidades federativas. Estas variaciones pueden generar criterios distintos para la revisión del gasto público, el seguimiento de observaciones, la determinación de responsabilidades y la aplicación de procedimientos de auditoría. El resultado es un sistema que, en ocasiones, opera con velocidades y capacidades institucionales desiguales.
La armonización legislativa busca atender precisamente esa problemática. Su propósito no es uniformar mecánicamente las leyes estatales ni limitar la autonomía de los congresos locales, sino construir estándares mínimos compartidos que fortalezcan la coordinación institucional y otorguen mayor certeza jurídica a todos los participantes del proceso fiscalizador. Cuando las reglas son compatibles, la colaboración entre instituciones se vuelve más eficiente y los resultados pueden medirse bajo parámetros comparables.
La relevancia del encuentro también estuvo determinada por el nivel de los actores convocados. La presencia del gobernador Julio Menchaca durante la inauguración envió una señal clara sobre la importancia estratégica que tiene la rendición de cuentas para el fortalecimiento de las instituciones democráticas. La fiscalización dejó hace tiempo de ser un asunto exclusivo de especialistas; hoy constituye un elemento central para la confianza ciudadana y la legitimidad gubernamental.
Asimismo, destacó la participación del diputado federal Javier Octavio Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Su intervención otorgó al encuentro una dimensión particularmente relevante al vincular la reflexión técnica con la posibilidad real de impulsar reformas legales. Después de todo, la mejora de los sistemas de fiscalización depende tanto de la calidad de los diagnósticos como de la capacidad para traducirlos en cambios normativos concretos.
En este contexto sobresalió la entrega de propuestas de armonización legislativa impulsadas conjuntamente por Javier Octavio Herrera Borunda y el diputado Andrés Velázquez Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Este ejercicio representó mucho más que un acto protocolario. Simbolizó la posibilidad de construir puentes entre el ámbito legislativo federal y los congresos estatales para avanzar hacia una fiscalización más articulada, moderna y eficaz.
Igualmente significativa fue la participación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuya experiencia y liderazgo técnico resultan fundamentales para la consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización. La ASF no sólo aporta metodologías y criterios especializados; también funge como un referente para la construcción de mecanismos de coordinación que permitan fortalecer las capacidades institucionales de las entidades fiscalizadoras locales.
La asistencia de auditorías superiores estatales de diversas regiones del país confirmó que se trata de una preocupación compartida. Los desafíos que enfrentan las entidades fiscalizadoras son cada vez más similares: incorporación de tecnologías emergentes, fortalecimiento de controles internos, fiscalización de recursos concurrentes, evaluación del desempeño y mejora de la transparencia gubernamental. Ninguno de estos retos puede enfrentarse de manera aislada.
Además, la discusión sobre armonización legislativa coincide con una evolución conceptual de la propia fiscalización. Tradicionalmente, el énfasis se colocaba en detectar irregularidades después de concluido el ejercicio de los recursos. Hoy existe un consenso cada vez mayor en favor de modelos preventivos que permitan identificar riesgos, fortalecer controles y mejorar la gestión pública antes de que los problemas ocurran. Esta transición requiere normas actualizadas, capacidades técnicas suficientes y criterios homogéneos de actuación.
En última instancia, la trascendencia del encuentro realizado en Hidalgo radica en haber reunido a quienes tienen la capacidad de transformar el sistema de rendición de cuentas del país: la Auditoría Superior de la Federación, las entidades fiscalizadoras estatales, los poderes legislativos y los gobiernos locales. La convergencia de estos actores demuestra que existe una conciencia creciente sobre la necesidad de fortalecer la coordinación institucional y modernizar los marcos normativos que regulan la fiscalización superior.
La armonización legislativa no debe entenderse, por tanto, como un ejercicio burocrático ni como una simple revisión de leyes. Constituye una estrategia orientada a perfeccionar el federalismo, fortalecer la rendición de cuentas y construir instituciones más capaces de responder a las exigencias de la sociedad. En un momento en el que la confianza pública se ha convertido en uno de los activos más valiosos de las democracias contemporáneas, avanzar hacia una fiscalización más coordinada, homogénea y efectiva es una tarea que ya no admite demora.
SEMBLANZA
Mtro. Jorge Valverde Islas
Es economista egresado de la UAEH, con maestrías en Administración Pública y Evaluación de Políticas Públicas, así como amplia formación en fiscalización, finanzas públicas, evaluación del desempeño y combate a la corrupción.
Cuenta con experiencia en los ámbitos federal, estatal y municipal. Al frente de la ASEH, ha impulsado la modernización institucional mediante la profesionalización del personal, transformación digital, fortalecimiento de la fiscalización y adopción de estándares internacionales, incluyendo certificaciones ISO 9001, ISO 37001 e ISO/IEC 17025, además de Great Place to Work.
En el ámbito profesional, presidió el Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo y fue Secretario del Exterior de la Federación de Colegios de Economistas de México. En 2024 recibió el Premio Estatal de Economía “Luis Ángeles Ángeles”, en la categoría de Mérito en el Servicio Público.
@jorvalverdeASEH
