02 de Septiembre del 2026
La fascinación y el temor en torno a la posibilidad de que inteligencias creadas por el ser humano adquieran capacidades autónomas o superen los límites de la razón natural han dejado de ser un recurso exclusivo de la literatura y el cine de ciencia ficción para situarse en el corazón del debate socio jurídico y político contemporáneo.
Desde que en las primeras décadas del siglo XX se formularon las nociones iniciales sobre entidades mecanizadas orientadas al trabajo forzado y, posteriormente, Alan Turing estableciera los cimientos teóricos del pensamiento computacional y los algoritmos, la civilización ha experimentado un salto cualitativo. Hoy en día, el vertiginoso avance del aprendizaje profundo y el procesamiento masivo de datos han trasladado aquellas especulaciones teóricas al terreno operativo de las instituciones gubernamentales y la competencia electoral.
La inteligencia artificial, conceptualizada rigurosamente como la disciplina informática abocada a simular mediante sistemas automatizados tareas propias de la inteligencia humana —tales como el aprendizaje continuo, la resolución de problemas casuísticos y la toma de decisiones complejas—, ha alcanzado niveles de sofisticación inéditos. Sin embargo, más allá de los dilemas distópicos sobre máquinas con conciencia propia, la aplicación práctica de estas tecnologías en la sociedad moderna despierta preocupaciones inmediatas.
Fenómenos como el desplazamiento de mano de obra en diversas industrias, la amplificación de sesgos discriminatorios en decisiones judiciales o de contratación, y la erosión de la privacidad ciudadana mediante la extracción no consentida de información personal constituyen los verdaderos desafíos éticos del presente. A este panorama se suma la proliferación de contenidos generados por plataformas capaces de sintetizar textos, audios, imágenes y videos con un nivel de realismo que diluye la frontera entre la verdad objetiva y la simulación.
En el terreno específico de los procesos electorales y la competencia por el poder público, la inteligencia artificial actúa como una herramienta de doble filo. Por un lado, ofrece un potencial transformador de gran magnitud para dinamizar el funcionamiento de las instituciones, fortalecer la administración pública y enriquecer el diálogo entre la ciudadanía y los organismos encargados de organizar los comicios.
La implementación de sistemas inteligentes permite optimizar la difusión de información institucional, haciendo que la población acceda de manera ágil, clara y personalizada a las plataformas de los partidos, las propuestas de las candidaturas y la ubicación exacta de las casillas electorales mediante asistentes virtuales y chatbots desarrollados por las autoridades electorales.
Asimismo, la capacidad analítica de los algoritmos modernos para procesar volúmenes masivos de información (Big Data) y detectar patrones sutiles en las dinámicas sociales brinda a los actores políticos herramientas inéditas para estudiar el comportamiento del electorado. Esto puede derivar en una comprensión más fina de las demandas, prioridades y preocupaciones de los diversos sectores de la población, facilitando el diseño de políticas públicas y propuestas de gobierno mejor fundamentadas.
Desde la perspectiva de la logística electoral, el uso de modelos automatizados para la lectura de actas y la consolidación de cómputos ofrece la posibilidad de acelerar sustancialmente la entrega de resultados y reducir el margen de error humano en los conteos, incrementando con ello la certeza y la transparencia de los procesos democráticos.
No obstante, los indudables aportes a la eficiencia operativa, la introducción desregulada de la inteligencia artificial en las contiendas políticas introduce graves vulnerabilidades institucionales que ponen en riesgo la equidad y la autenticidad del sufragio. El primer riesgo de consideración se deriva del micro segmentado y el tratamiento masivo de datos personales sin la debida autorización de los ciudadanos. La capacidad de analizar perfiles psicológicos e ideológicos detallados permite la elaboración de mensajes políticos hiperpersonalizados, diseñados para apelar a las emociones, temores e inseguridades de sectores específicos del electorado, lo que conduce inevitablemente a una polarización extrema del debate público y a la manipulación sutil de las decisiones de los votantes.
El antecedente de firmas de análisis de datos que intervinieron en comicios internacionales de gran relevancia demostró con claridad cómo la ingeniería social algorítmica y el uso opaco de la información digital pueden distorsionar los resultados de procesos democráticos clave. Cuando la persuasión política deja de basarse en la discusión pública de ideas y se convierte en una estrategia oculta de segmentación emocional mediante datos masivos, se vulnera el principio de igualdad en la contienda y se mina la libertad del electorado para emitir un voto plenamente consciente e informado.
Junto a la manipulación algorítmica de datos, la capacidad de la inteligencia artificial generativa para crear y propagar infodemia y desinformación a gran escala representa la amenaza más incisiva contra la integridad electoral.
La sofisticación actual del deep learning permite confeccionar material audiovisual falso -los denominados deepfakes- prácticamente indistinguible de la realidad.
La gravedad de este fenómeno quedó de manifiesto ante la viralidad con la que se difundió en la opinión pública internacional la imagen distorsionada de una alta figura político-religiosa luciendo indumentaria urbana fuera de todo protocolo. Aunque en dicho caso la situación no derivó en consecuencias legales graves, puso al descubierto la fragilidad de la percepción pública ante contenidos completamente sintéticos.
En el marco del próximo proceso electoral concurrente 2026-2027, donde se disputarán de forma simultánea más de 20 mil cargos de elección popular, la viralización de audios, fotografías o metrajes adulterados que atribuyan a candidatas o candidatos conductas ilícitas, declaraciones escandalosas o actos de corrupción puede causar estragos irreparables.
La rapidez con la que se propaga la información sintética en redes sociales supera por mucho la velocidad de respuesta de las autoridades electorales y los mecanismos tradicionales de verificación. Como resultado, un electorado expuesto a este tipo de desinformación masiva corre el riesgo de modificar su preferencia política basándose en hechos inexistentes, desestabilizando la confianza en las y los candidatos y en la legitimidad de las instituciones democráticas.
Frente a la encrucijada que plantea el desarrollo acelerado de estas tecnologías, la respuesta no reside en adoptar una postura ludita de rechazo ni en ceder al pánico de escenarios catastróficos, sino en asumir la responsabilidad colectiva de normar y guiar el uso de la inteligencia artificial bajo criterios estrictamente éticos y democráticos.
La interrogante de si la tecnología terminará erosionando la convivencia humana o fortaleciendo sus capacidades depende de la determinación con la que las sociedades establezcan mecanismos de control, rendición de cuentas y vigilancia institucional.
Para salvaguardar la equidad en las elecciones y proteger los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, resulta urgente implementar marcos regulatorios sólidos que fiscalicen la recolección, almacenamiento y uso comercial o político de los datos personales. Del mismo modo, es imprescindible exigir a las plataformas tecnológicas la ejecución de auditorías algorítmicas periódicas e independientes que permitan identificar y mitigar los sesgos informativos, la polarización inducida y el favorecimiento injustificado de ciertos contenidos dentro de sus redes de distribución.
Adicionalmente, se debe establecer la obligación legal de etiquetar de manera clara, visible e inequívoca cualquier propaganda, comunicación o contenido audiovisual que haya sido creado o modificado mediante algoritmos de inteligencia artificial. Esta medida de transparencia resulta indispensable para devolver a la ciudadanía la certeza sobre la autenticidad de los insumos informativos con los que evalúa a las opciones políticas en contienda.
En última instancia, el escudo más eficaz frente a los riesgos de la era digital reside en la alfabetización digital y el fortalecimiento del pensamiento crítico en la sociedad. Educar a la ciudadanía para verificar fuentes, dudar de contenidos sensacionalistas no confirmados y comprender el funcionamiento básico de las tecnologías sintéticas es un requisito fundamental para preservar el tejido democrático.
La inteligencia artificial se ha afianzado como un motor de eficiencia técnica innegable; garantizar que su aplicación en la política redunde en beneficio de la libertad, la equidad y la verdad es un compromiso ineludible que corresponde asumir con firmeza a las instituciones, los actores políticos y la sociedad en su conjunto.
SEMBLANZA
Mtro. Mario Alberto Modesto Moreno
Es un servidor público con una sólida trayectoria de más de dos décadas en las áreas jurídica, electoral, penal y financiera.
Su formación académica incluye dos licenciaturas en áreas de Criminología y Derecho Burocrático, así como un máster en Política Criminal y una Maestría en Derecho Electoral. Es especialista en temas relacionados con la organización electoral, participación ciudadana, análisis financiero y el desarrollo de políticas públicas.
En el ámbito profesional fue subdirector de Análisis Financiero en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la materia electoral se desempeñó como Titular de la Unidad Técnica de Educación Cívica en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Técnico en Educación Cívica en la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y actualmente se desempeña como asesor del Consejo General del INE, instancias en donde ha destacado en la creación e implementación de programas formativos enfocados en la inclusión y participación ciudadana de grupos vulnerables.
