13 de Agosto del 2026
Seis parámetros forman parte del nuevo esquema de evaluación para quienes llegaron al Poder Judicial mediante voto popular.
A casi un año de la elección judicial, jueces y magistrados que llegaron a sus cargos mediante voto popular comenzaron a ser sometidos a un nuevo esquema de evaluación de desempeño, que contempla seis parámetros relacionados con conocimientos jurídicos, atención a usuarios, disciplina, tiempos de resolución, productividad y uso de recursos.
El procedimiento busca determinar si los juzgadores cumplen con los criterios establecidos para el desempeño de sus funciones y contempla tanto una revisión de conocimientos como indicadores relacionados con el trabajo cotidiano de los órganos jurisdiccionales.
Entre los juzgadores que ya concluyeron este proceso se encuentra Eutimio Ordóñez Gutiérrez, magistrado de Circuito del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca, quien acreditó los seis parámetros y obtuvo un dictamen con evaluación satisfactoria.
El primero de los rubros corresponde a un examen práctico, aplicado en línea, para el cual se requiere una calificación mínima de 8.5. En su caso, el magistrado reportó una calificación de 96.
Otro de los parámetros son las encuestas de evaluación, en las que pueden participar usuarios de los tribunales, entre ellos litigantes, personas sujetas a proceso, sentenciados o quienes realizan trámites ante los órganos jurisdiccionales. También participa el personal de los propios tribunales.
El esquema incluye además la revisión de quejas administrativas, tanto las que se encuentren en trámite como aquellas que hayan sido resueltas.
Otro indicador es el cumplimiento de los plazos legales para resolver acuerdos, sentencias, recursos y demás asuntos sujetos a términos específicos.
La productividad constituye otro de los parámetros. Para medirla se consideran los asuntos ingresados y los asuntos concluidos, tomando como referencia la media correspondiente al circuito.
Finalmente, se revisa el manejo de los recursos humanos y materiales, incluyendo el uso de insumos necesarios para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.
El modelo contempla mecanismos de capacitación para los casos en que un juez o magistrado no acredite alguno de los parámetros.
Si la deficiencia se presenta, por ejemplo, en el examen práctico, la unidad de evaluación puede determinar que el juzgador realice cursos, diplomados, especialidades o estudios de posgrado relacionados con la materia en la que requiera fortalecer sus conocimientos.
Una vez concluida la capacitación, deberá acreditar los estudios correspondientes y posteriormente presentar una nueva evaluación.
Los resultados son comunicados directamente a cada juzgador mediante un dictamen que contiene los fundamentos, razonamientos y motivos de la determinación. Estos resultados no son públicos de manera general.
La evaluación está a cargo del Tribunal de Disciplina, a través de una unidad especializada en evaluación del desempeño judicial.
El esquema aplica a quienes llegaron a sus cargos mediante el nuevo sistema de elección popular. Los integrantes de la carrera judicial cuentan con un mecanismo de evaluación distinto, aunque algunos indicadores, como productividad, efectividad y cumplimiento de plazos, son similares.
