29 de Octubre del 2026
PACHUCA.– Octavio Eduardo N., exnotario público número 6 de Tizayuca, fue absuelto del delito de usurpación de profesiones; sin embargo, la resolución no implica que abandonará la prisión, ya que enfrenta otro proceso penal por presunto fraude procesal relacionado con un terreno en Tolcayuca.
El Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de Tizayuca emitió la resolución el 28 de octubre, dentro del juicio oral 136/2026; esto, a un año y tres meses después de que fue detenido en julio de 2025.
La acusación se originó por un documento que data del 26 de noviembre de 2020 que Octavio Eduardo habría firmado como licenciado en derecho, cuando todavía no contaba con cédula profesional, misma que logró hasta el 11 de enero de 2022.
Aunque el ex notario fue absuelto de este delito, continuará con otro procedimiento judicial que corresponde a la causa penal 292/2024, por presunto fraude procesal. Este caso estaría relacionado con un terreno ubicado en Tolcayuca, lo que ocasionó su segunda vinculación en julio de 2025.
¿QUÉ OCURRIÓ CON EL EXNOTARIO?
Octavio N estuvo al frente de la Notaría Pública 6 de Tizayuca desde 2005. En septiembre de 2024 presentó su renuncia y, en noviembre de ese año, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo la cancelación de su patente, documento que lo autorizaba para ejercer como notario.
Antes de enfrentar los dos procesos penales, acumuló al menos 16 quejas ante el Archivo General de Notarías del Estado de Hidalgo, de acuerdo con información publicada previamente por Plétora Lex.
En su momento en entrevista con esta revista, Mario Pedro Velázquez Bárcena, director general del Archivo General de Notarías de Hidalgo, explicó que los señalamientos se relacionaban principalmente con demoras en la entrega de documentos solicitados por los usuarios.
El funcionario señaló que la acumulación de quejas fue uno de los factores que influyeron en la renuncia a la patente notarial.
En julio de 2025, Octavio Eduardo fue detenido y quedó a disposición de la autoridad judicial. El 30 de julio de ese año se le impuso prisión preventiva justificada por la acusación de usurpación de profesiones. La causa por fraude procesal, continúa.
