08 de Septiembre del 2026
PACHUCA. – La familia Arenas Rodríguez denunció que permanece estancado el proceso judicial que en noviembre de 2024 inició en contra de Juan Manuel Hinojosa Zamora, titular de la Notaría 8 de Tulancingo, a quien acusaron de hacer un poder notarial que propició que perdieran un inmueble valuado en 29 millones de pesos.
A su vez, señalaron que el hermano del fedatario es Juan Carlos Hinojosa Zamora, magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en Pachuca, Hidalgo, por lo que expresaron su preocupación de que este vínculo influya en el avance del caso.
En conferencia de prensa, José Antonio Arenas expuso que, aunque la carpeta de investigación 18-2024-005057 en la que denunciaron “delitos cometidos en el ejercicio de una actividad profesional” ya fue judicializada desde el 11 de marzo de 2026, todavía no se lleva a cabo la audiencia inicial para que el notario se presente ante un juez; esto, a pesar de que no hay actos de investigación por resolver.
Incluso, detalló que en tres ocasiones se fijaron fechas para la audiencia de la causa penal 117/2026 que se encuentra en el Juzgado de Control de Tulancingo, pero que el Ministerio Público (MP) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) solicitó aplazarlas y hasta el momento, no hay una nueva.
Al respecto, Ángel Labra Escudero, asesor jurídico de la familia Arenas Rodríguez, explicó que los actos de investigación por los que el MP requirió el último diferimiento de la audiencia ya están dentro de la carpeta de investigación.
“Actualmente en la causa penal no se ha señalado una audiencia inicial, el juez de control dejó a salvo los derechos del Ministerio Público para que en el momento que lo considere pertinente solicite nuevamente la audiencia inicial”, dijo.
De igual manera, mencionó que el notario a través de su defensa ya solicitó un no ejercicio de la acción penal, por lo que la consecuencia de esta solicitud sería que la carpeta se tenga por concluida y que las víctimas pierdan parte de su patrimonio que serían más de 29 millones de pesos.
EL ORIGEN DE LA DENUNCIA
El asesor jurídico, Ángel Labra, explicó que el asunto comenzó cuando mediante una escritura pública ante la fe de Juan Manuel Hinojosa Zamora, compareció una persona en calidad de apoderado legal.
Lo anterior, para conferir un poder general para pleitos y cobranzas a favor de un tercero; sin que, de ello, tuvieran conocimiento las víctimas.
Además, dijo que no era posible realizar dicha acción porque el Código Civil establece que para que un apoderado otorgue poder a un tercero, debe de estar plasmado expresamente, lo cual no ocurrió.
“No venía la facultad expresa de las víctimas y aun así concedió un poder a un tercero y ese tercero reconoció un adeudo por aproximadamente 29 millones de pesos, dando como consecuencia que las víctimas perdieran parte de su patrimonio”.
Otra presunta irregularidad fue que el poder se otorgó en el año 2023, pero existe uno más antiguo que data del 2005, mismo que ya había sido anulado. Esto quiere decir que “se ocupó un poder que había sido revocado más de 10 años atrás”.
Antes de concluir la conferencia de prensa, José Antonio Arenas a nombre de la familia, pidió a las autoridades procuradoras de justicia que el proceso se lleve conforme a derecho, “que no haya ningún tipo de favoritismo u actos de corrupción, que el proceso llegué hasta las últimas consecuencias”, finalizó.
¿QUÉ SON LOS DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL?
El artículo 277 del Código Penal para el Estado de Hidalgo indica que a los profesionistas o técnicos que, en el desempeño de sus actividades, causen daño o pongan en peligro la vida, la salud, la libertad o el patrimonio de las personas, se les impondrá prisión de seis meses a cinco años.
Así como la suspensión en el ejercicio profesional o técnico de tres meses a tres años, sin perjuicio de la punibilidad que resulte por la comisión de otros delitos.
