07 de Agosto del 2026
¿Te imaginas que junto con tus hermanos inicias un procedimiento jurídico para recuperar tu predio, ganas el caso, pero no puedes disfrutarlo porque, como represalia, los vecinos de tu comunidad te amenazan, incendian tu casa y te obligan a huir con tu familia, mientras que las autoridades, lejos de protegerte, te hacen firmar un acta de "abandono voluntario" para salvarte?
Eso les ocurrió a los hermanos Fidel, Emiliano, Aurelio, Zenaida, Amalia y Aurelia Ramírez Yáñez, quienes desde hace 14 años viven lejos de la comunidad de Portezuelos, en el municipio de Tasquillo, tras ser víctimas de un desplazamiento interno forzado.
La historia comenzó con un conflicto agrario que ganaron, pero el asunto hoy en día derivó en un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), en el que señalan al Ejecutivo estatal y a diversas autoridades estatales por presuntas omisiones para garantizar sus derechos fundamentales, brindarles atención humanitaria y generar condiciones para un retorno seguro.
Los antecedentes del caso se remontan a 2009, según establece el juicio de amparo 77/2026, actualmente radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo.
En aquel año, Emiliano Ramírez Yáñez promovió una acción penal por despojo agravado contra quien entonces fungía como delegado de la comunidad de Portezuelos.
Después de tres años de litigio, el 27 de abril de 2012 un juez ordenó la restitución del predio a favor de los hermanos Ramírez Yáñez; sin embargo, lejos de concluir el conflicto, la sentencia marcó el inicio de una serie de represalias.
De acuerdo con la demanda de amparo, casi un mes después -el 23 de mayo de 2012- las nuevas autoridades delegacionales ordenaron suspender arbitrariamente el suministro de agua potable y drenaje a toda la familia.
Al día siguiente, el 24 de mayo de 2012, los hermanos acudieron a reclamar el restablecimiento de los servicios básicos, pero el escrito indica que fueron agredidos físicamente por un grupo de pobladores.
Posteriormente 17 integrantes de la familia, entre ellos cuatro menores de edad, adultos mayores y una persona con insuficiencia renal crónica, fueron privados de su libertad durante más de 24 horas en un domicilio particular.
Mientras permanecían retenidos, una multitud rodeó el inmueble y desde a afuera les lanzaron amenazas de linchamiento.
La liberación estuvo condicionada por funcionarios de la entonces Subsecretaría de Gobierno del estado, quienes les hicieron firmar un acta de "abandono voluntario" de la comunidad.
Una vez escoltados fuera de Portezuelos, sus viviendas fueron saqueadas e incendiadas. En el ataque perdieron muebles, documentos oficiales, herramientas de trabajo, animales de corral y prácticamente su patrimonio.
Desde entonces, la familia no ha podido volver porque cada intento por acercarse a sus tierras termina en amenazas.
En la demanda señalan que las autoridades de Portezuelos y diversos comités comunitarios mantienen vigilancia permanente sobre sus predios y han advertido que, si regresan, serán expulsados nuevamente mediante el uso de la fuerza comunal.
Esa situación, argumentaron en el amparo, configura un desplazamiento forzado interno de carácter continuado, pues el control territorial ejercido por la comunidad, sumado a la omisión de las autoridades estatales, les impide ejercer sus derechos de propiedad y posesión.
La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha fijado criterios sobre este tipo de casos. Por ejemplo, en el amparo en revisión 795/2023, la Primera Sala estableció que “el desplazamiento forzado supone una relación causal entre hechos de violencia o amenaza grave y la obligación de huir del lugar de residencia, con consecuencias continuadas”.
El desplazamiento modificó la vida de la familia que actualmente reside en Ixmiquilpan. Previo al desplazamiento eran propietarios de tierras productivas de alfalfa, pero ahora trabajan en parcelas ajenas bajo esquemas de reparto de utilidades al 50 por ciento.
A ello se suma la falta de una vivienda adecuada y el acceso irregular a servicios médicos, especialmente para integrantes del núcleo familiar que padecen enfermedades crónicas.
También denunciaron que, pese a existir investigaciones penales relacionadas con los hechos, como la causa penal 04/2019, no se han ejecutado órdenes de aprehensión ni se han implementado protocolos para un retorno seguro, reubicación digna o asistencia humanitaria.
El 11 de febrero de 2026 el Juzgado Primero de Distrito concedió la suspensión dentro del juicio de amparo.
Entre las medidas ordenadas destaca que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Dirección de Seguridad Pública de Ixmiquilpan implementen acciones preventivas para evitar actos de intimidación, agresión o una nueva expulsión en caso de que los hermanos Ramírez Yáñez intenten acercarse a su comunidad.
El juez también vinculó a la autoridad auxiliar de Portezuelos, a través de la presidencia municipal de Tasquillo, para que se abstenga de promover o tolerar actos de hostigamiento contra la familia.
La resolución aclara que estas medidas no constituyen una orden de retorno, sino que únicamente son acciones preventivas para garantizar su seguridad por si deciden acercarse a la comunidad.
Dicha suspensión también obliga a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas a realizar una valoración integral del riesgo que enfrenta la familia. Además, de elaborar un diagnóstico de sus necesidades inmediatas en materia de alojamiento temporal, alimentación, acceso a agua potable y atención médica.
Incluso, se le pidió al Sistema DIF Hidalgo y al DIF Municipal de Ixmiquilpan, colaborar con las acciones de asistencia que resulten necesarias.
Aunque la suspensión ya fue concedida, el fondo del asunto continúa sin resolverse. La audiencia constitucional del juicio de amparo se difirió en cuatro ocasiones durante 2026. La próxima fecha fijada por el Juzgado Primero de Distrito es el 10 de agosto.
