07 de Agosto del 2026
El gobernador Julio Menchaca Salazar respondió sobre el caso de desplazamiento forzado que enfrenta una familia de Tasquillo desde hace 14 años, luego de que Plétora Lex le cuestionó sobre el juicio de amparo en el que se le señala a él y a distintas autoridades estatales por presuntas omisiones para garantizar un retorno seguro de los afectados.
Al ser consultado sobre el asunto de los hermanos Ramírez Yáñez, quienes ganaron un juicio agrario, pero terminaron desplazados de su comunidad desde hace 14 años, el mandatario dijo no contar con información específica sobre el expediente, pero se comprometió a intervenir.
"Siempre activamos los buenos oficios de la estructura de gobierno para generar las condiciones del cumplimiento de la ley. Vamos a aplicarlo siempre con la conciliación y con el trabajo público", expresó.
Cuando se le preguntó si respaldará a la familia, que lleva 14 años esperando una solución, el gobernador recordó otros casos de conflictos comunitarios que su gobierno ha logrado resolver.
"Estaremos en la mejor disposición. Hemos resuelto conflictos en Jacala que tenían 50 años", afirmó.
El caso al que respondió el gobernador involucra a Fidel, Emiliano, Aurelio, Zenaida, Amalia y Aurelia Ramírez Yáñez, quienes desde hace años viven fuera de la comunidad de Portezuelos, en el municipio de Tasquillo, tras ser víctimas de un desplazamiento interno forzado.
Todo comenzó en 2009, cuando Emiliano Ramírez Yáñez promovió una acción penal por despojo agravado contra quien entonces era delegado de la comunidad. Tres años después, el 27 de abril de 2012, un juez ordenó restituirles el predio en disputa.
Pero, lejos de resolver el conflicto, la sentencia desató una serie de represalias: casi un mes después, las nuevas autoridades delegacionales suspendieron el suministro de agua potable y drenaje a toda la familia.
Cuando los hermanos acudieron a reclamar el restablecimiento de esos servicios, fueron agredidos físicamente por un grupo de pobladores que los retuvieron y su liberación quedó condicionada a que firmaran un acta de "abandono voluntario", desde entonces, no han logrado regresar y por ello promovieron un juicio de amparo.
