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29 de Mayo del 2026
Durante sesión este viernes, el Poder Legislativo de Hidalgo respaldó una serie de enmiendas a la Constitución mexicana para fijar un nuevo motivo de invalidez electoral cuando exista intromisión extranjera que altere las votaciones, además de postergar la renovación del Poder Judicial hasta 2028.
También, los legisladores validaron la propuesta del mandatario estatal, Julio Menchaca Salazar, la cual recorta el número de asambleístas en los ayuntamientos.
En lo tocante a la invalidez de los comicios por intervención extranjera, tanto las cámaras federales como los Congresos estatales están obligados a actualizar y emparejar sus leyes vigentes a más tardar el 5 de junio próximo.
En sintonía con esto, el Instituto Nacional Electoral (INE), los entes electorales de los estados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los tribunales electorales locales tendrán que reajustar sus respectivas reglamentaciones internas.
Por otra parte, se aprobó el ajuste constitucional federal para que los puestos de magistrados y jueces, tanto de la federación como de los estados, que quedaron pendientes en 2025, al igual que los espacios desiertos, se voten obligatoriamente en 2028.
Aquellos miembros del sistema judicial cuyo mandato concluía originalmente en 2027 se mantendrán en sus puestos hasta 2028, año en que asumirán las personas que ganen el proceso en las urnas.
Las votaciones para renovar el sistema de justicia federal y local se realizarán de manera simultánea el primer domingo de junio de 2028. Quienes obtengan la victoria jurarán su cargo ante el Senado de la República el 1 de septiembre.
Finalmente, el tiempo de encargo para los jueces de distrito y magistrados que ganen en la jornada de 2028 tendrá una vigencia de ocho años, al concluir formalmente en 2036.
Ademá, el pleno del Congreso local aprobó la iniciativa del ejecutivo estatal que disminuye los integrantes de los cabildos, al determinar que se conformarán únicamente por un alcalde, un síndico y un tope de 15 regidores.
De igual forma, la iniciativa veta la posibilidad de que los organismos electorales administrativos y jurisdiccionales utilicen presupuesto institucional para costear pólizas médicas particulares, seguros de vida o fondos de retiro privados, así como cualquier sistema preferencial de seguridad social.
