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10 de Junio del 2026
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PACHUCA. – Cada agente del Ministerio Público (MP) de Hidalgo tiene a su cargo 485 carpetas de investigación en promedio, lo que significa que el personal de esta procuraduría está entre los seis del país con mayor carga laboral.
Los datos del informe “Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de las fiscalías”, elaborado por la organización Causa en Común, muestran que, al cierre de 2024, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) sumaba 200 mil 616 carpetas.
Al tomar en cuenta el registro de 414 agentes del MP, resulta que cada uno tiene 485 investigaciones a su cargo, cantidad que casi duplica el promedio nacional de 258 carpetas por colaborador.
Tan solo Hidalgo ocupa el lugar 6 de los 10 con más carga laboral, solo por debajo de Jalisco (896 indagatorias por cada agente), Aguascalientes (724), Baja California (550), Coahuila (524) y Nuevo León (490), cifras que, a su vez, provienen del Censo Nacional de Procuración de Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El documento de Causa Común visibiliza que “las precarias condiciones que enfrentan las fiscalías, sumadas a la escasez de personal sustantivo, las incapacita ante los altos niveles de incidencia delictiva en el país”.
Incluso, ejemplifica que al cierre de la anualidad 2024, las fiscalías estatales en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) acumularon 2 millones 139 mil 228 carpetas pendientes de concluir.
Cifra a las que se sumaron las iniciadas durante el propio año de 2024, por lo que el número ascendió a 4 millones 780 mil 581, el más alto del que se tenga registro, consignó a organización.
En el mismo periodo, se detalló que se realizaron un millón 857 mil 288 resoluciones: el 15% derivó en el ejercicio de la acción penal; 5% por acuerdos reparatorios, 38% al archivo temporal.
El resto fueron diferentes formas de determinación, como: sobreseimiento (29%), incompetencia (5%), abstención de investigación (3%), criterios de oportunidad (2%), acumulación o suspensión del procedimiento, y otras que no fueron precisadas por las fiscalías (3%).
