Hubo errores del MP federal en caso Sosa Castelán, lo que llevó a una no vinculación

07 de Octubre del 2026

Hubo errores del MP federal en caso Sosa Castelán, lo que llevó a una no vinculación

Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre se resolvieron dos asuntos judiciales distintos relacionados con Gerardo Sosa Castelán, con resultados diferentes.
En uno de ellos, relacionado con los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, le fue negado un amparo, por lo que el proceso continuará hacia la etapa de juicio.

El segundo asunto corresponde a una acusación por defraudación fiscal equiparada y en éste se confirmó el auto de no vinculación a proceso. La resolución establece que permanecieron diversas consideraciones formuladas por el Juez de Control respecto de los requisitos de procedibilidad y de la obtención de información utilizada por el Ministerio Público.

El caso por defraudación fiscal

La Fiscalía General de la República imputó a Sosa Castelán el delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.

De acuerdo con la imputación, el 28 de febrero de 2022 presentó por internet una declaración anual complementaria correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en la que reportó ingresos acumulables por 11 millones 925 mil 954 pesos, mientras que la autoridad señaló ingresos por 12 millones 512 mil 275.47 pesos.

La diferencia habría representado un impuesto sobre la renta no pagado por 2 millones 606 mil 201.62 pesos.

Para sustentar la imputación, el Ministerio Público presentó, entre otros elementos, una querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizaciones judiciales relacionadas con el acceso a información protegida por los secretos bancario y fiscal, informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Servicio de Administración Tributaria, así como documentación contable.

El Juez de Control determinó que esos elementos no permitían dictar un auto de vinculación a proceso.

La querella y la declaración complementaria

Uno de los puntos analizados fue la fecha de la querella presentada por la SHCP.
La querella fue presentada el 12 de mayo de 2021, mientras que el hecho específico atribuido a Sosa Castelán estaba relacionado con una declaración complementaria presentada el 28 de febrero de 2022.

Durante la apelación, la representación del Ministerio Público sostuvo que una querella no pierde eficacia por la presentación posterior de una declaración complementaria.

La segunda instancia consideró fundado este argumento y señaló que la querella expresa la voluntad de la autoridad hacendaria de que se investiguen hechos que pudieran constituir un delito, sin quedar condicionada a modificaciones posteriores realizadas por el contribuyente.

Sin embargo, este criterio no modificó el resultado, debido a que permanecieron otras consideraciones del juez de Control.

La documentación contable

Entre esas consideraciones estuvo la naturaleza del documento contable presentado para sustentar la querella.

El juez de Control señaló que se había presentado una opinión contable y no un dictamen técnico contable, y vinculó esta circunstancia con el requisito de procedibilidad aplicable al delito investigado.

Durante la apelación, el Ministerio Público y la representación de la SHCP cuestionaron la necesidad de ese requisito. La segunda instancia consideró que sus argumentos no desvirtuaron el criterio jurisprudencial utilizado por el juez de Control.

La resolución también señala que los propios recurrentes reconocieron que el documento presentado correspondía a una opinión contable.

Información fiscal y bancaria

Otro punto analizado fue la información obtenida de fuentes protegidas por los secretos fiscal y bancario.

El juez de Control resolvió que determinada información debía declararse nula, al considerar que no se había justificado de manera suficiente su obtención dentro del objeto formal de la investigación.

El Ministerio Público conserva sus facultades de investigación

El juez de Control y la segunda instancia dejó a salvo los derechos del Ministerio Público para que, en su caso, obtenga datos de prueba de manera legal y pueda iniciar una nueva carpeta de investigación con mayores elementos.




Verónica Angeles
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Categorías: Político

Tags: SOSA CASTELAN, UAEH, defraudación fiscal equiparada, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita

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