18 de Agosto del 2026
Una persona privada de la libertad, interna en el Centro de Reinserción Social para Adultos de Apan, Hidalgo, exigió atención médica luego de sufrir lesiones por proyectil de arma de fuego y, según lo planteado en su demanda de amparo, enfrentar la negativa de ser trasladada a un hospital para recibir atención especializada.
El caso quedó registrado en el expediente 1584/2026, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. El auto inicial fue emitido el 4 de agosto y publicado el 5 de agosto de 2026.
De acuerdo con el documento judicial, el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de la directora del CERESO de Apan de brindarle atención médica adecuada, particularmente la negativa de trasladarlo al Hospital General de Zona con Medicina Familiar Número 8 del IMSS, en Ciudad Sahagún, municipio de Tepeapulco, para recibir los procedimientos médicos que requiriera su condición.
La demanda refiere que el interno presentaba trauma penetrante de abdomen por proyectil de arma de fuego, una herida por proyectil en el hemicuello izquierdo, fractura de clavícula y fractura de la cresta ilíaca izquierda.
Ante la naturaleza de las lesiones y el riesgo que implicaba la falta de atención, el juzgado federal concedió la suspensión de plano, una medida de protección inmediata prevista en la Ley de Amparo.
La resolución ordenó a la autoridad penitenciaria proteger y velar por la salud del interno y disponer, de manera correcta, pronta, oportuna y urgente, la atención médica que correspondiera, incluyendo la posibilidad de una hospitalización inmediata y gratuita, con el objetivo de salvaguardar tanto su derecho a la salud como a la vida.
El juzgado también ordenó que se proporcionara la atención alimentaria necesaria y que se informara a los familiares del promovente sobre su posible diagnóstico y estado de salud, o bien, se explicara la imposibilidad de proporcionar esa información.
La autoridad penitenciaria fue requerida para informar, dentro de las 24 horas siguientes, sobre el cumplimiento de la suspensión. El juzgado advirtió además que el incumplimiento de la medida cautelar podría generar responsabilidades penales, administrativas y económicas para la autoridad responsable.
El asunto tuvo una nueva actuación el pasado 14 de agosto. En esa fecha, el juzgado agregó al expediente el informe presentado por el encargado de la Dirección del CERESO de Apan respecto del cumplimiento de la suspensión y las copias certificadas que la autoridad ofreció para acreditar dicho extremo.
El órgano jurisdiccional determinó dar vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, por lo que la controversia sobre la atención médica otorgada al interno aún continúa dentro del juicio de amparo.
La audiencia constitucional quedó programada para las 13:00 horas del 4 de septiembre de 2026, fecha en la que continuará el trámite del juicio federal.
