17 de Julio del 2026
Pachuca, Hidalgo. El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), José Ramón Amieva Gálvez, recibió la Medalla al Mérito Jurídico 2026, otorgada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo a cargo de Antonio Márquez Hidalgo, en reconocimiento a su trayectoria en la impartición de justicia, el servicio público y su aportación al fortalecimiento del Estado de derecho.
Durante la ceremonia, el magistrado Rufino León Tovar destacó la carrera de Amieva y sostuvo que el país atraviesa una etapa de transformación en el sistema de justicia derivada de la reforma judicial, la cual, dijo, debe traducirse en una justicia más cercana a la ciudadanía.
Señaló que el reto es consolidar un modelo con menos formalismos, más accesible y orientado a garantizar los derechos de las personas.
Al entregar la presea, León Tovar afirmó que el reconocimiento distingue no sólo la trayectoria profesional del presidente del TFJA, sino también "su calidad humana" y su compromiso con la construcción de instituciones al servicio de la sociedad.
Al hacer uso de la palabra, José Ramón Amieva Gálvez agradeció la distinción y reflexionó sobre los desafíos que enfrenta actualmente la profesión jurídica.
Consideró que la inteligencia artificial representa una herramienta de gran utilidad para la investigación, la elaboración de escritos y la localización de criterios jurisprudenciales; sin embargo, descartó que pueda reemplazar el criterio humano de los abogados.
"Detrás de cada expediente existe una persona, una familia y una realidad que debe comprenderse. Ese ejercicio de interpretación y de sensibilidad jamás podrá sustituirlo una herramienta tecnológica", expresó.
El presidente del TFJA también advirtió que uno de los principales desafíos de las instituciones públicas continúa siendo la corrupción, fenómeno que, señaló, debe enfrentarse mediante el fortalecimiento de la integridad, entendida como el conjunto de valores y principios que orientan el ejercicio del servicio público.
Sostuvo que cualquier desviación de la función pública debe ser sancionada para preservar la confianza ciudadana en las instituciones.
