30 de Julio del 2026
Tortura : “Todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona penas, dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, a otros, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a incitación suya o con su consentimiento o aprobación”.
En hechos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los narrados en medios de comunicación oficial y digitales, en 2019, a nivel nacional se registraron 140 mil 486 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en los expedientes, 28 mil 467 en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 112 mil 019 en los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH).
Según el Resultado del Censo Nacional de Derechos Humanos en los ámbitos Federal y Estatal 2020, el principal hecho señalado fue violación al principio de legalidad en el desempeño de la función Pública con el 26.1 por ciento sumado al 2.9 por ciento de la Tolerancia u omisión en la protección efectiva del Estado contra toda violencia, además del 2.5 por ciento de Tratos crueles, inhumanos o degradantes; mientras que, en el ámbito local fue de un 8.4 por ciento sumado al 4.8 por detenciones arbitrarias, 3.9 por ciento de tratos crueles, inhumanos o degradantes y el 1.8 por ciento de tortura.
Aunado a lo anterior, hay una enorme cifra negra y la percepción ciudadana es muy alta, persiste la versión de que, en ámbitos policiales, una infracción administrativa y/o puesta a disposición de la autoridad municipal, se convierte en un riesgo para obtener una declaración, una confesión o información; pues las detenciones arbitrarias son una técnica generalizada de tortura y extorsión.
Siguiendo con datos del INEGI, existen 2 mil 143 hechos de tortura por desaparición forzada, 68 ejecuciones extrajudiciales -arbitrarias o sumarias- y 22 hechos por tolerancia u omisión de la autoridad para la protección contra la trata de personas o explotación con fines sexuales que, por institución de seguridad y justicia señalada como probable responsable se encuentra en un mayor numero la autoridad municipal seguida de las procuradurías de justicia estatales; las víctimas fueron hombres en un 53.4 por ciento y mujeres 43.5, 1.4 de cada cien corresponden a grupos vulnerables y, dentro de los presuntos hechos violatorios que se cometieron de un total de 157 mil 889 se señaló tortura para el 81.8 por ciento de hombres y 17.6 por ciento de mujeres; tratos crueles, inhumanos o degradantes para el 73 por ciento de hombres y 26.2 por ciento de mujeres.
El Comité contra la Tortura de la organización de las Naciones Unidas (ONU) ha referido que, si bien no existe un registro nacional y es difícil conocer la realidad por carecer de estadísticas confiables o formas de medición: en México la tortura y los malos tratos son generalizados, sustentado en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2019.
En datos de Word Justice Project sobre la tortura y los malos tratos en el proceso penal en Mexico, se indica que “a nivel nacional, el 79 por ciento de las personas privadas de la libertad fueron torturadas o maltratadas durante su detención, traslado o estancia en el Ministerio Público”; en este contexto la tortura se presenta en los ámbitos de un proceso penal y atenta contra los derechos humanos.
La tortura constituye una grave violación a la dignidad, la vida, la integridad de la persona, esta prohibida constitucionalmente y en normatividad internacional, es una practica ilegal utilizada como “forma de obtener información” ante la ineficacia e ineficiencia de quien debe investigar científicamente para probar adecuadamente, es necesario reforzar e insistir en habilidades y competencias para una adecuada investigación policial, tener las herramientas, los mecanismos y elementos que permitan a policías y Ministerio Público una sólida investigación científica y no recurrir a prácticas ancestrales que tanto daño generan.
Hoy es obligación de las policías informar sin dilación sobre una detención, inscribirla inmediatamente en el Registro Nacional de Detenciones, se establece la nulidad absoluta de un dato o medio de prueba obtenido por medio de tortura, con un catálogo de actos de investigación que no requieren autorización judicial y deben estar plenamente justificados para su eficacia probatoria, el Sistema Procesal Penal Adversarial en México es una herramienta para inhibir la tortura y los malos tratos, a partir de cualquier transgresión injustificada quita atención y valor, lo que nos lleva a fomentar la protección de los derechos humanos.
La Asamblea General de la ONU, mediante resolución 52/149 estableció el 26 de junio como Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura, con la finalidad de generar acciones, conciencia y reflexión con vistas a erradicar la tortura y hacer efectiva la plena protección a los derechos humanos.
El Índice Global de la Tortura 2025, en su ficha técnica para México refiere una calificación general de alto riesgo, atendiendo el contexto de impunidad, la transgresión al debido proceso y la reiterada práctica de detenciones arbitrarias, arraigo, prisión preventiva oficiosa y falta de capacidad integral por parte de algunos elementos del Estado para investigar adecuadamente y que revelan el dato que, se han denunciado dos mil 881 casos de tortura cuyos hechos ocurrieron entre los años de 2019-2024, de los que derivan tres mil 506 víctimas, identificando que la tortura está arraigada en los primeros momentos de una detención, relacionada con la fabricación de pruebas ilícitas cometida por elementos de seguridad.
La Estrategia Nacional y Estatal Contra la Tortura es una política pública que previene y atiende a las víctimas de ese delito, para ello, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de las personas a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Están a disposición para denuncia el número 089, emergencias al 911, Centro de Atención Ciudadana de la Unidad de Servicios a la Comunidad (CEDAC) de la Fiscalía General de la República (FGR) 5553464249 o en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo 800 9121314; Comisión Estatal de Derechos Humanos en Hidalgo 771 360 0270 y la Comisión de Búsqueda de Personas 771 130 74 36.
“México Sin Tortura 2026” ** “Hidalgo Sin Tortura 2026”
Por el derecho a la dignidad y a la integridad personal
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Censo Nacional de Derechos Humanos en los Ámbitos Federal y Estatal (CNDHF-E) 2020 Comunicado de Prensa 634/20
Expedientes calificados como presuntamente violatorios por la CNDH, por tipo, 2019.
Organismos Públicos de Derechos Humanos, 2019.
World Justice Project. Artículo ¿Cómo se mide la tortura o malos tratos en México?
Código Nacional de Procedimientos Penales
Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Secretaría Técnica de Combate de la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública
INEGI, Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2021 ENPOL 2021
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Yanet Herrera Meneses
Licenciada en Derecho por la UAEH. Fue abogada en la H. Junta General de Asistencia en el Estado de Hidalgo y Sistema DIFH. Fungió como agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de la República. Fue titular del área de Responsabilidades y Situación Patrimonial en el ayuntamiento de Pachuca.
Se desempeñó como inspector jurídico en el Congreso del Estado, así como directora de Asuntos Jurídicos en el DIFH. Fue presidenta del Poder Judicial de Hidalgo y actualmente es directora de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobierno de Hidalgo.
