22 de Julio del 2026
"El marco legal aún no es sólido ni suficiente para enfrentar los desafíos del uso de la inteligencia artificial en las campañas electorales.
Rosa Amparo Martínez Lechuga/ Magistrada del TEEH
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La magistrada Rosa Amparo Martínez Lechuga ha construído una trayectoria de casi dos décadas dentro de la impartición de justicia. Inició su carrera como auxiliar, proyectista, recorrió prácticamente todas las áreas del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, fue Presidenta de ese órgano jurisdiccional y hoy integra el Pleno como Magistrada.
Recientemente recibió el reconocimiento internacional "Magistrada del Año", otorgado por la Federación Iberoamericana de Abogados (FIA), un galardón que también distinguió a figuras relevantes del ámbito jurídico nacional, como es el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, y entregado por su labor legislativa al senador Saúl Monreal Ávila. En un evento en el que también se notificó que el próximo Congreso en Costa Rica, tendrá como nombre el del magistrado Felipe Fuentes Barrera, en homenaje a su trayectoria.
En entrevista para Plétora Lex, reflexiona sobre el significado de esta distinción, la independencia judicial, los retos que enfrentará la justicia electoral rumbo a los comicios de 2027, la violencia política contra las mujeres, la irrupción de la inteligencia artificial en las campañas y la importancia de preservar instituciones electorales sólidas para garantizar el Estado de Derecho.
Es una distinción compartida con quienes me han impulsado a ser lo que soy y a estar donde estoy, por ello agradezco a quienes me han acompañado en mi formación y trayectoria profesional, a mi equipo de trabajo y particularmente a los integrantes del Senado de la República que, en su momento, me confirieron este encargo. Es un reconocimiento que refrenda la calidad, imparcialidad y vanguardia de la justicia electoral hidalguense y fortifica la confianza ciudadana. Para las mujeres visibiliza la posibilidad de romper barreras y demuestra que los espacios son alcanzables con base en la carrera y méritos profesionales.
El desempeño de esos cargos me permitió conocer el funcionamiento real de los Tribunales. Entendí que la impartición de justicia es una tarea noble pero conjunta, resultado del trabajo y esfuerzo colectivos, en donde cada persona del área jurisdiccional y administrativa desempeña un papel indispensable, fortaleciendo la empatía y la sensibilidad social que se requieren para la emisión de resoluciones claras, sencillas, accesibles, conforme a derecho y en consecuencia justas.
La justicia electoral debe preservar su independencia frente a cualquier agente externo, garantizar que se tutelen los derechos político-electorales y que los resultados expresados en las urnas sean respetados, siendo fiel reflejo de la voluntad ciudadana. Es un principio de subsistencia social y de preservación del Estado que la legitima como cauce legal que garantiza la competencia política equitativa e igualitaria, evita la inestabilidad y las crisis constitucionales.
La independencia se fortalece con procesos escalonados y cruzados de designación, con la máxima publicidad de sus resoluciones y con la aplicación de mecanismos de evaluación del desempeño. Saber que existen estos mecanismos y documentos públicos que respaldan tu actuación, te brinda la tranquilidad para afrontar cualquier presión externa.
Será un proceso complejo por el número de cargos y partidos participantes y por la aplicación de acciones afirmativas y ajustes razonables para la inclusión de mujeres, jóvenes, personas indígenas y/o pertenecientes a grupos equiparables, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ y adultas mayores. En este sentido, los Tribunales deberán fijar criterios aún más técnicos sobre actos anticipados de campaña, uso de recursos públicos y propaganda encubierta, conformación de planillas y fórmulas, violencia política de género mediática y digital, en un contexto de aumento exponencial de impugnaciones cruzadas y emisión de posibles reformas legales que modifiquen los criterios existentes, provocando estudios sobre su constitucionalidad o convencionalidad.
Puede fortalecerla, cuando maximiza derechos frente a decisiones regresivas o excluyentes y cuando actúa como contrapeso institucional para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos frente a posibles abusos. Sin embargo, la decisión de los Tribunales Electorales no puede sustituir la voluntad popular y no deben volverse espacios para el revanchismo político, por ello se requiere que, antes de cualquier litigio, se privilegie el consenso, la negociación y la conciliación de quienes cuentan con la legitimidad democrática para actuar en el ámbito de la política.
Hoy existe un andamiaje legal e institucional más sólido, pero subsisten retos para combatir la violencia política durante el ejercicio del cargo, sobre todo en el ámbito municipal, porque es donde más se presentan presiones y bloqueos sistemáticos orientados a obstaculizar su función o incluso a forzar sus renuncias. También existen retos para investigar y sancionar con efectividad a personas agresoras, en la violencia digital o mediática; y otros vinculados a abatir la exclusión y descalificación basadas en roles o estereotipos de género dentro de las estructuras partidistas, de las comunidades indígenas o de grupos sociales que incluso llegan a desalentar las denuncias.
El marco legal aún no es sólido y suficiente para enfrentar los desafíos del uso de la inteligencia artificial en las campañas electorales.
En este caso, los Tribunales Electorales seguramente enfrentaremos el reto de fijar criterios, a partir de los casos que se presenten y tendremos que considerar mecanismos de verificación digital sobre la autoría intelectual, tomando en cuenta que esos deepfakes son generados incluso fuera del país o mediante las llamadas granjas de bots, y mecanismos de verificación del contenido, enfocándose a la aplicación de medidas de reparación que permitan la modificación o eliminación de propaganda o campañas que vulneren derechos y que consideren la velocidad de propagación de contenidos en redes sociales.
Todo el trabajo jurisdiccional y administrativo fue evaluado y reconocido por entes externos, ya sea por las Salas Regional y Superior, o por el ITAIH y la ASEH.
Destaco los altos índices de confirmación de sentencias, la vinculación con entes nacionales como el INE y el TEPJF confiándonos acciones ejemplificativas a nivel nacional como el Acuerdo por la Integridad suscrito por los tres poderes, autoridades electorales federales y locales y actores políticos. También la profesionalización mediante el reconocimiento del IIPCE como institución de educación superior, y la Maestría en Justicia Electoral, 1ª en su tipo a nivel nacional, y la implementación de herramientas tecnológicas para brindar servicios de impresión en braille y un Observatorio Electoral en paridad y violencia de género.
La independencia, imparcialidad, legalidad, máxima publicidad, además considero que es importante la especialización técnica, evaluación del desempeño y autonomía presupuestaria para garantizar resoluciones de calidad.
Hubo un Juicio Ciudadano en 2024, en el que aplicamos el control de regularidad Constitucional ex officio a favor de una persona justiciable, inaplicando un precepto del reglamento municipal, y en otro Juicio Ciudadano del mismo año, logramos la ejecución del arresto de un Presidente Municipal por incumplimiento a una resolución; en ambos casos, se puso de manifiesto los alcances que puede tener la justicia electoral para garantizar los derechos de las personas.
Puedo citar también el proyecto de resolución sobre la revocación de mandato del Ejecutivo en Hidalgo, en el que después del engrose, se volvió voto particular y la Sala coincidió en determinar la falta de interés jurídico para impugnar, por parte de quien no era promovente de ese mecanismo, y recientemente la resolución de un Procedimiento Sancionador en el que se pretendía controvertir la constitucionalidad de la reforma que redujo el plazo de la gubernatura a dos años y ratificamos localmente los límites del control abstracto que sólo corresponde a la SCJN.
Además del conocimiento jurídico, que emprendan acciones para desarrollar un pensamiento crítico y habilidades de argumentación, análisis de evidencias, ética, resiliencia, así como la disciplina y herramientas de gestión para el trabajo bajo presión en procesos con plazos estrictos y desde luego que iniciar carrera jurisdiccional en el ámbito electoral.
Que la justicia electoral garantiza que cada voto cuente y que las diferencias políticas se resuelvan mediante el derecho y la razón. Las instituciones son perfectibles y deben reformarse continuamente, y debilitarlas pondría en riesgo el Estado de Derecho y la estabilidad democrática, porque sin personas juzgadoras imparciales e independientes, prevalecería la ley del más fuerte.
