03 de Octubre del 2026
En fechas recientes, se presentó ante el Congreso del Estado de Hidalgo una iniciativa para reformar el Código Electoral local en materia de integración y paridad de género en los ayuntamientos.
En un primer término, la propuesta busca reducir el número de sindicaturas y regidurías, con el propósito de armonizar la legislación estatal con el decreto publicado el 23 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman diversas disposiciones de los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hasta ahí, la iniciativa podría entenderse como una adecuación necesaria de la normativa electoral local a una reforma constitucional promovida por la presidenta de la república e impulsada por la coalición política mayoritaria. Sin embargo, la propuesta incorpora un aspecto que merece un análisis más profundo: plantea adicionar dos párrafos al artículo 23 y crear el artículo 119 Bis del Código Electoral, a fin de establecer un nuevo mecanismo para garantizar la paridad sustantiva en las presidencias municipales de Hidalgo.
De acuerdo con la iniciativa, en cada elección los 84 municipios se dividirían, por orden alfabético, en dos grupos de 42: uno de postulación exclusiva para mujeres y otro de postulación abierta, en el que los partidos políticos podrían registrar indistintamente a mujeres u hombres.
Ambos grupos se alternarían en cada proceso electoral; es decir, los municipios reservados para mujeres cambiarían en la elección siguiente. El primer bloque comprendería los municipios de la A a la M y el segundo, los de la N a la Z.
La propuesta ha generado un amplio debate en el estado. En el documento aparecen 26 diputadas y diputados de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática Hidalgo; no obstante, tres legisladoras incluidas en él no lo suscribieron.
En consecuencia, la iniciativa cuenta con 23 firmas. Esto permite advertir que el acompañamiento no es uniforme entre las fuerzas políticas ni siquiera al interior de algunos grupos parlamentarios.
El propósito de avanzar hacia la paridad es legítimo y necesario. El problema está en el método. La iniciativa no parte de la realidad histórica de cada municipio ni de las brechas de acceso que aún persisten; utiliza únicamente el orden alfabético para integrar los dos grupos. Un criterio sencillo de aplicar no necesariamente es un criterio justo ni suficiente para alcanzar una paridad verdaderamente sustantiva.
Los datos de los últimos tres periodos municipales permiten dimensionar el cambio:
Para los periodos de 2016-2020: 17 mujeres y 67 hombres; 2020-2024: 15 mujeres y 69 hombres; para el actual periodo de 2024-2027: 41 mujeres y 43 hombres.
Entre los periodos 2020-2024 y 2024-2027, el número de presidencias municipales encabezadas por mujeres pasó de 15 a 41: un incremento de 26 municipios. Este avance no ocurrió por casualidad, sino como resultado de acciones afirmativas adoptadas por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH). Aunque esas medidas también fueron controvertidas, permitieron que mujeres accedieran a presidencias municipales en lugares donde históricamente nunca habían gobernado.
Veintidós municipios que todavía muestran una brecha
A pesar de ese avance, existen 22 municipios que han sido gobernados por hombres durante los tres últimos periodos municipales:
Agua Blanca de Iturbide, Alfajayucan, Chapantongo, Epazoyucan, Huasca de Ocampo, Huejutla de Reyes, Jaltocán, Metepec, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Mixquiahuala de Juárez, Mineral de la Reforma, Pacula, San Bartolo Tutotepec, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Tlanchinol, Tolcayuca, Tula de Allende, Zacualtipán de Ángeles, Zempoala y Zimapán.
En contraste, únicamente Actopan y Apan han sido gobernados por mujeres durante esos tres periodos, de aprobarse la reforma en los términos planteados se permitiría que 10 de los ayuntamientos del segundo bloque de la N a la Z, hayan sido gobernados durante 14 años por hombres del 2016 al 2030, los cuales serían: Pacula, San Bartolo Tutotepec, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Tlanchinol, Tolcayuca, Tula de Allende, Zacualtipán de Ángeles, Zempoala y Zimapán.
Esta realidad demuestra que la desigualdad no se distribuye conforme al alfabeto y, por tanto, tampoco debería corregirse mediante una división que ignore la historia política de cada municipio.
La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿podemos hablar de paridad sustantiva si la norma no atiende las desigualdades que pretende corregir? La paridad no debe reducirse a repartir municipios en dos listas iguales ni a cumplir una cifra en el papel. Debe servir para abrir espacios donde históricamente han permanecido cerrados y para impedir que los avances alcanzados dependan de una simple coincidencia alfabética.
Hidalgo tiene ante sí la oportunidad de construir una reforma más justa y duradera. Para lograrlo, el Congreso debe revisar la historia de cada municipio, valorar los resultados de las acciones afirmativas y establecer criterios objetivos que combinen alternancia, progresividad y no regresión, porque la igualdad sustantiva no consiste únicamente en que gobiernen más mujeres, sino en garantizar que puedan hacerlo en todos los municipios, especialmente en aquellos donde nunca han tenido esa oportunidad.
La paridad se mide en números, pero se demuestra transformando la realidad. Y la realidad, a diferencia de una lista, no se ordena alfabéticamente.
Semblanza:
Mtro. Edwin Israel Loyo Correa
Licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional y Amparo, con formación complementaria en Derechos Humanos, a través de diversos diplomados impartidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.
A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como juez conciliador municipal de Villa de Tezontepec, Hidalgo; asesor legislativo y director general del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; así como apoderado legal de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Asimismo, ha participado en la elaboración, actualización y análisis de diversos reglamentos y ordenamientos municipales.
Actualmente ejerce como abogado y es socio fundador en conjunto con el Mtro. José Alberto Sánchez Castañeda de la Firma Jurídica LC & Consultoría S.C., desde donde brinda asesoría y representación jurídica en distintas ramas del Derecho.
