16 de Octubre del 2026
Nueve trabajadores despedidos del Ayuntamiento de Chapantongo llevan cuatro años con un laudo laboral a su favor sin que, de acuerdo con su representante legal, se cumpla de manera efectiva. Por este caso, el abogado Adrián Vargas González pidió al Congreso de Hidalgo iniciar un juicio político contra el presidente municipal, Eligio Figueroa Chávez, y la síndica procuradora, Sayli Ecaterina Caballero García.
El litigante acusa a ambos funcionarios de no garantizar la reinstalación de los empleados ni el pago de las prestaciones reconocidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, pese a los requerimientos judiciales. La denuncia busca que el Poder Legislativo investigue si las omisiones señaladas ameritan sanciones políticas.
El conflicto se remonta a 2016, cuando los nueve empleados demandaron al municipio por despido injustificado. El tribunal emitió un laudo favorable el 22 de junio de 2022 y ordenó restituir sus derechos laborales.
Sin embargo, el cumplimiento sigue en disputa. El 14 de mayo de 2025 se programó la reinstalación de los trabajadores, pero, según Vargas González, el Ayuntamiento presentó nombramientos sin asegurar las condiciones para que volvieran realmente a sus puestos.
El abogado sostiene que no se definieron lugares de trabajo, horarios, funciones ni responsables a quienes debieran reportarse, tampoco se les proporcionaron herramientas para realizar sus labores. Por ello, considera que los documentos presentados por el municipio no acreditan una reincorporación efectiva.
Las actuaciones para exigir el cumplimiento continuaron el 29 de enero y el 2 de junio de 2026. Ante la falta de una solución, el representante legal pidió medidas para localizar bienes y recursos municipales con los cuales cubrir las obligaciones laborales, así como dar vista a otras autoridades para que revisen posibles responsabilidades.
Piden revisar presupuestos y decisiones del Ayuntamiento
La denuncia plantea que el Congreso revise los presupuestos de Chapantongo de 2022 a 2026, sus modificaciones y las partidas destinadas al pago de laudos. También solicita las actas de Cabildo y los documentos sobre las decisiones de la Presidencia Municipal, la Sindicatura, Tesorería, Recursos Humanos y el área jurídica relacionadas con el caso.
Con esa información, busca determinar qué hicieron o dejaron de hacer el alcalde y la síndica, y si existieron recursos o medidas para cumplir la resolución judicial.
El abogado señaló que entre los nueve trabajadores hay personas mayores de 70 años y mujeres, por lo que pidió considerar su edad y las consecuencias de permanecer durante años sin una solución. Como respaldo, citó un criterio judicial publicado en junio de 2026 sobre la importancia de tomar en cuenta las condiciones de las personas adultas mayores en determinados procesos legales.
Buscan sanciones si se acredita responsabilidad
Vargas González pidió que la Comisión Instructora del Congreso recabe una copia certificada del expediente laboral 768/2016 y revise las actuaciones relacionadas con el cumplimiento del laudo. Si la investigación acredita responsabilidad política, solicitó la destitución y la inhabilitación de los funcionarios, además de posibles remisiones a autoridades administrativas o penales cuando existan elementos para ello.
