04 de Agosto del 2026
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección XV enfrenta un nuevo revés en el proceso judicial que inició contra su exdirigente, Mirna García López, pues, a pesar de que hasta hace unos meses seguía vigente la ficha roja de Interpol y la alerta migratoria emitidas en su contra, la acción penal en el proceso prescribió.
En ese sentido, el SNTE estaría imposibilitado de recuperar los 123 millones de pesos por los que presuntamente fue defraudado por la ex lideresa. Lo anterior se desprende del acuerdo emitido el 3 de agosto de 2026 dentro del juicio de amparo 1259/2018, en el que la Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo, Bertha Patricia Orozco Hernández, dio cuenta de un informe relacionado con la prescripción de la acción penal y requirió a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo que, una vez resuelto el toca penal 20/2026, remita copia certificada de la resolución correspondiente.
El juzgado federal informó que el recurso fue turnado a la Segunda Sala Penal desde el 30 de abril de este año y otorgó un plazo de tres días para que, una vez emitida la resolución, ésta sea enviada al expediente de amparo, bajo apercibimiento de imponer una multa en caso de incumplimiento.
La determinación representa un giro en un caso que durante años fue utilizado por el SNTE para exigir a las autoridades ministeriales mantener la búsqueda de la exlideresa sindical y rendir informes periódicos sobre las acciones emprendidas para lograr su reaprehensión.
Apenas en noviembre de 2024 la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó al mismo juzgado federal que tanto la notificación roja de Interpol como la alerta migratoria contra Mirna García López permanecían activas y vigentes, por lo que las labores de localización continuaban.
La exsecretaria general de la Sección XV fue detenida en diciembre de 2014 y permaneció recluida en el Centro de Reinserción Social de Pachuca hasta septiembre de 2015, cuando obtuvo un amparo para continuar su proceso en libertad. Sin embargo, en mayo de 2016 el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito revocó esa determinación y ordenó su reaprehensión.
Desde entonces, García López no volvió a presentarse ante la autoridad y fue considerada prófuga de la justicia. El SNTE promovió el juicio de amparo 1259/2018 para obligar a la Procuraduría a informar periódicamente sobre las acciones de búsqueda y captura.
A la exdirigente se le atribuyó inicialmente el delito de robo agravado en perjuicio del sindicato por la presunta disposición indebida de recursos sindicales mediante la expedición de cheques cuando ya había concluido su periodo al frente de la organización. Posteriormente, la imputación fue reclasificada al delito de fraude por un presunto quebranto de 123 millones 928 mil 285 pesos.
Durante el proceso también se fijó como garantía para enfrentar el juicio en libertad una caución superior a 214 millones de pesos, integrada por más de 91 millones por concepto de libertad personal y cerca de 124 millones por reparación del daño.
