11 de Noviembre del 2026
Elevar de dos a dos años y seis meses la pena máxima de prisión para quienes realicen declaraciones falsas ante una autoridad con la intención de perjudicar a integrantes del magisterio, así como establecer una indemnización por daño moral, plantea una iniciativa presentada por diputados de Nueva Alianza Hidalgo.
La propuesta busca adicionar dos párrafos al artículo 313 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, que actualmente sanciona de manera general la falsedad ante una autoridad o fedatario público con penas de tres meses a dos años de prisión y multas de cinco a 50 días.
La modificación no implica sumar la pena vigente con la nueva sanción, sino establecer un supuesto específico para cuando una persona, con conocimiento de que los hechos son falsos y de manera dolosa, declare ante una autoridad con la finalidad de perjudicar el desempeño o ejercicio de las funciones de personal educativo, o con motivo de ellas.
De aprobarse, la pena para estos casos sería de cuatro meses a dos años y seis meses de prisión, es decir, seis meses más que la pena máxima actualmente prevista para la falsedad genérica. Además, se contempla la reparación de los daños y perjuicios, con una indemnización de hasta aproximadamente 58 mil pesos por concepto de daño moral, así como la publicación de la sentencia correspondiente.
La protección abarcaría a docentes, técnicos docentes, personal directivo, de supervisión, asesoría técnico-pedagógica y de apoyo a la asistencia de la educación, tanto de instituciones públicas como privadas.
Durante la presentación de la iniciativa, el diputado José María Alejandro Pérez Ramírez explicó que una acusación falsa puede obligar a los docentes a enfrentar investigaciones administrativas, laborales, civiles o penales, además de poner en riesgo su empleo, afectar su patrimonio y generar consecuencias en su entorno familiar y profesional.
Pérez Ramírez aclaró que la iniciativa no busca limitar el derecho de estudiantes, madres, padres de familia o cualquier persona a presentar denuncias ante las autoridades, sino sancionar a quienes deliberadamente mientan para perjudicar a un trabajador de la educación.
“Denunciar de buena fe es un derecho. Mentir deliberadamente a una autoridad para perjudicar a alguien es una conducta cobarde y que debe tener consecuencias jurídicas”, expresó.
El legislador sostuvo que la propuesta no pretende otorgar privilegios al magisterio ni colocarlo por encima de la ley, sino reconocer el daño que puede ocasionar una declaración falsa cuando se utiliza para afectar a una persona por razón de su función educativa.
