05 de Noviembre del 2026
Con 21 votos a favor y cinco en contra, el Congreso de Hidalgo aprobó la reforma a la Ley de Bienes del Estado para establecer un límite de cuatro años a los contratos de comodato de inmuebles estatales entregados a asociaciones civiles, además de incorporar obligaciones de vigilancia y rendición de cuentas sobre el uso de esos espacios.
El objetivo es que las organizaciones beneficiarias comprueben que los inmuebles se utilizan para los fines sociales autorizados, informen sobre su conservación y mantenimiento y que la Oficialía Mayor pueda evaluar su aprovechamiento antes de autorizar una renovación.
QUÉ ESTABLECE ACTUALMENTE LA LEY
Hasta ahora, la fracción V del artículo 43 permite el arrendamiento, la donación o el comodato de inmuebles de dominio privado estatal a asociaciones e instituciones privadas que realicen actividades de interés social y no persigan fines de lucro.
Sin embargo, la disposición no establece expresamente un plazo máximo de cuatro años para los comodatos ni obliga a las organizaciones a presentar informes anuales sobre sus actividades y las condiciones de los inmuebles.
CÓMO QUEDARÁ CON LA REFORMA
La modificación a la fracción V del artículo 43 y la adición del artículo 43 Bis establecen que los comodatos tendrán una vigencia máxima de cuatro años y podrán renovarse mediante un nuevo instrumento jurídico.
Las asociaciones deberán entregar anualmente a la Oficialía Mayor un informe de actividades y otro sobre el estado físico, conservación, mantenimiento y aprovechamiento del inmueble.
Los contratos deberán especificar los objetivos sociales, las condiciones para presentar los informes y las causas que justifiquen no hacerlo. El incumplimiento de los fines autorizados o la omisión injustificada de la documentación podrá ocasionar la rescisión.
Para renovar un comodato, la Oficialía Mayor evaluará el cumplimiento de los objetivos sociales, los informes presentados, la conservación del inmueble y las necesidades de la administración pública estatal.
Los contratos que ya están vigentes conservarán sus plazos y condiciones originales, aunque las organizaciones beneficiarias también deberán presentar los informes anuales previstos en la reforma.
FUNDACIONES Y TERRENOS ENTREGADOS POR EL ESTADO
Entre los antecedentes de ocupación de inmuebles públicos está el de la Fundación Arturo Herrera Cabañas, que recibió un comodato por 20 años durante el gobierno de Omar Fayad Meneses, firmado el 1 de marzo de 2022 y con vigencia hasta febrero de 2042, además de la posibilidad de prórrogas por periodos equivalentes.
El contrato establecía el uso gratuito del inmueble del Centro Histórico de Pachuca y contemplaba la posibilidad de conceder su utilización a terceros mediante otros comodatos, bajo determinadas condiciones. En abril de 2026, el Gobierno estatal inició el procedimiento para recuperar la casona, donde también funcionaba una cafetería. La fundación sostuvo que la venta de café servía para financiar sus actividades culturales y negó obtener ganancias económicas.
Otro caso es el de la Fundación Delia Hidalgo By Milka, a la que en agosto de 2021 se donó un terreno de 3 mil 50.611 metros cuadrados en Venta Prieta, Pachuca. El predio debía destinarse a la atención de personas en situación vulnerable, pero en octubre de 2023 el gobierno estatal dejó sin efectos la donación al señalar que no se había cumplido el propósito establecido.
También está la Asociación Down Hidalguense, a la que en enero de 2009 se autorizó donar un terreno de 4 mil 200 metros cuadrados, detrás del Museo Interactivo El Rehilete. En mayo de 2026, el Gobierno estatal revocó el decreto debido a que, después de 17 años, no se había formalizado el contrato de donación.
Aunque estos dos últimos casos corresponden a donaciones y no a comodatos, forman parte de los antecedentes sobre la entrega de terrenos públicos a organizaciones civiles y las condiciones establecidas para conservarlos.
TANIA MEZA CUESTIONA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Durante la discusión del dictamen, la diputada Tania Meza Escorza votó en contra al considerar que la reforma puede afectar el trabajo comunitario y poner en riesgo espacios culturales, educativos y asistenciales.
“Ya varios de ustedes les dieron la instrucción de que tienen que votar a favor de esta iniciativa y que lo que aquí se diga pues difícilmente les va a hacer cambiar de opinión”, expresó.
La legisladora, quien dijo tener 30 años de trayectoria en organizaciones de la sociedad civil, cuestionó que la evaluación de los inmuebles quede a cargo de la Oficialía Mayor sin garantizar la participación de especialistas en patrimonio y trabajo comunitario.
Como ejemplos mencionó la Red Estatal de Museos Comunitarios, los espacios donde se elaboran máscaras de madera y aquellos dedicados a conservar semillas nativas y tradiciones de los municipios.
También señaló que diversas asociaciones atienden a personas con discapacidad intelectual y ofrecen servicios que, sostuvo, no están garantizados directamente por el Estado. Consideró que el límite de cuatro años puede resultar insuficiente para mantener inmuebles patrimoniales, debido a los costos de conservación y los permisos que pueden requerirse ante el INAH y el INBAL.
“Yo no me estoy oponiendo a una regulación, pero sí tiene que quedar bien claro quién va a regular, porque de otra manera, compañeros y compañeras, se puede hasta con fines políticos”, sostuvo.
