05 de Septiembre del 2026
El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), Jonnathan Pérez Ledezma, renunció al cargo, apenas unas semanas después de haber sido designado por el Congreso del Estado, al acusar que la Presidencia del organismo jurisdiccional a cargo de Leodegario Hernández Cortez le impidió ejercer plenamente sus funciones de vigilancia y transparencia.
En un oficio fechado el 3 de septiembre, dirigido al Congreso de Hidalgo, Pérez Ledezma sostiene que su decisión obedece a la “cerrazón” que, afirma, ha prevalecido en el tribunal hacia su función como servidor público. Señala particularmente que la Dirección General de Administración, dependiente de la Presidencia del TEEH, se ha negado de manera constante a entregar información al Órgano Interno de Control.
El ahora renunciante afirma que desde su llegada al cargo no se le permitió cumplir con la tarea constitucional de propiciar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del tribunal.
“La negativa a entregar información al Órgano Interno de Control, por parte de la Dirección General de Administración, que depende de la Presidencia del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, ha sido una constante”, expone en su escrito.
Pérez Ledezma cuestionó así la actitud de la Presidencia del TEEH y sostuvo que no entiende “el temor” para que un servidor público pueda desempeñar las labores de transparencia a las que están obligados los funcionarios.
Por ello, aprovechó su renuncia para hacer un llamado a la sociedad hidalguense a exigir cuentas a la Presidencia del Tribunal Electoral sobre el manejo de los recursos públicos asignados al organismo.
UNA DESIGNACIÓN IMPUGNADA DESDE EL INICIO
La salida de Pérez Ledezma ocurre en medio de una disputa jurídica por su propia designación.
El Congreso de Hidalgo aprobó el 29 de julio su nombramiento como titular del OIC del TEEH, con 29 votos a favor.
Sin embargo, el magistrado presidente del TEEH, Leodegario Hernández Cortez, promovió el 3 de agosto un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), identificado como SUP-JG-58/2026, para controvertir la designación.
Hernández Cortez argumentó que la intervención del Congreso en el nombramiento del titular del OIC vulneraba la autonomía e independencia del tribunal electoral, pues consideró que un poder distinto al órgano jurisdiccional no debería incidir en su organización y funcionamiento.
El expediente tuvo inicialmente como ponente a la entonces magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, pero, tras su salida de la Sala Superior, fue returnado al magistrado Felipe de la Mata Pizaña.
El asunto todavía no tiene sentencia definitiva. El pasado 4 de septiembre, el TEPJF hizo público el proyecto de resolución, que deberá ser sometido a consideración del pleno.
El proyecto, además, plantea dejar sin efectos la designación de Pérez Ledezma y declarar inaplicables las normas locales que otorgan al Congreso la facultad para nombrar al titular del OIC del tribunal electoral. No obstante, se trata únicamente de un proyecto y puede ser modificado o rechazado por las magistraturas de la Sala Superior.
La designación de Pérez Ledezma también estuvo acompañada de cuestionamientos por su paso por la Secretaría de Contraloría durante el gobierno de Omar Fayad y su eventual cercanía con César Román Mora Velázquez, excontralor estatal señalado por su presunta participación en la denominada “Estafa Siniestra”. Mora fue detenido en Estados Unidos en 2025 y enfrenta acusaciones relacionadas con ese esquema de desvío de recursos públicos.
Ante esos señalamientos, el propio Pérez Ledezma se deslindó públicamente de Mora. Explicó que llegó a la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría estatal en 2016, durante la gestión de Citlalli Jaramillo Ramírez, y que permaneció en el cargo incluso después de que Mora asumiera la titularidad de la dependencia en 2018. Aseguró que “nunca” fue parte del equipo de Mora y que dejó la Contraloría en noviembre de 2020.
También rechazó cualquier relación con el manejo de recursos que dio origen a la “Estafa Siniestra” y explicó que sus funciones eran administrativas: coordinar autoridades investigadoras, sustanciar procedimientos y turnar faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa, sin manejo directo de recursos.
