29 de Abril del 2026
PACHUCA. – Un Tribunal Colegiado resolvió un amparo en revisión en materia administrativa relativo a una inconformidad que promovió Dacia Itzel Mendoza Recio, quien señaló presuntas irregularidades en el proceso de asignación de notarías que se realizó en el año 2022. Ella aspiraba la titularidad de la Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Tizayuca, pero la autoridad federal no le dio la razón.
El asunto tiene origen en la designación de seis patentes de que el exgobernador Omar Fayad Meneses – actual embajador de México en Noruega- realizó solo un mes previo a concluir su administración.
Lo anterior en favor de Patricia Callejas Hernández, Ulises Giovani Pedraza Castro, Luis Ricardo Allende Trejo, José Enrique Arana Vieyra, Federico Speare García y Juan Antonio Ramírez Hernández.
Inconforme, Dacia Itzel Mendoza Recio promovió el juicio de amparo indirecto 1247/2022 que ingresó al Juzgado Tercero de Distrito. La persona en mención solicitó la protección del Poder Judicial de la Federación (PJF) al considerar inconstitucionalidad de 13 artículos contenidos en Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo.
También reclamó la resolución dictada en el expediente 028/2022 el 18 de julio de 2022, mediante la cual la Dirección del Archivo General de Notarias estatal le negó el registro para sustentar un examen y así contender para ser notaria.
Por consecuente, también se quejó de la convocatoria publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 13 de julio de 2022 respecto al examen de oposición para obtener la patente y nombramiento.
Tras el análisis del asunto, el Juzgado Tercero no le otorgó la protección e inconforme Mendoza Recio recurrió a la revisión; sin embargo, el 9 de abril de 2026 el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito desechó el recurso (243/2023) y declaró firme la sentencia recurrida.
Si bien, la persona inconforme reclamó presuntas irregularidades en el proceso, los magistrados consideraron que el requisito para acreditar los años de práctica notarial no viola el principio de igualdad y no discriminación, ya que se trató de un requerimiento aplicable a todas las personas aspirantes.
Tampoco se afecta el derecho al trabajo ni el acceso a una función pública; el Tribunal también estableció que en aquel año no existió la obligación de convocar todas las notarías vacantes porque es facultad del titular del Poder Ejecutivo determinar qué notarías se someten a concurso.
Asimismo, establecieron que el acceso a la función notarial no es un derecho adquirido y no constituye un cargo público, sino una función de orden público delegada. También consignaron que la convocatoria divulgada en el año 2022 reproduce correctamente los requisitos de la Ley del Notariado.
Incluso, los magistrados declararon como fundado un incidente sobre falsedad de firmas que habría realizado la aspirante, lo cual señaló Ulises Giovani Pedraza Castro (hijo del exsenador Isidro Pedraza Chávez), quien en ese momento se inscribió al proceso y con posterioridad fue designado como notario en Ixmiquilpan. El expediente se archivó como asunto concluido.
